Un pilar fundamental e indispensable para la calidad de los servicios públicos es la existencia de funcionarios alineados a los objetivos de las políticas públicas. El acceso y la promoción de funcionarios por fuera de criterios meritocráticos basados en las competencias y resultados de la gestión no solo destruyen cualquier intento de construcción de una carrera profesional, sino que además proporcionan señales sumamente negativas a la ciudadanía.
Las personas que acceden a cargos públicos gracias a favores políticos y sin la mediación de procesos de selección rigurosos y transparentes terminan rindiendo cuentas a quienes les hicieron el favor y no a la ciudadanía que con sus impuestos financia los salarios y demás beneficios.
Además, generan un clima laboral en el que se desalienta a quienes son responsables de sus labores y tienen un compromiso con los objetivos institucionales y con el bienestar de la población.
La ausencia de una carrera del servicio civil no solo produce ineficiencia y mala calidad de servicios, sino sobre todo desaliento ciudadano y deslegitimidad del Estado.
El informe del Banco Mundial difundido en los últimos días es claro en señalar que a pesar de que el tamaño del sector público paraguayo es relativamente pequeño en comparación con los de la OCDE y los de la región, adolece de problemas estructurales.
Entre los problemas señalados por el informe se encuentran prácticas de reclutamiento de la administración pública con un alto grado de arbitrariedad. A esto se agregan los escándalos derivados de los privilegios con que cuenta un sector minoritario de funcionarios públicos en términos de remuneraciones y beneficios adicionales sin vinculación con sus funciones y rendimiento.
La señal que se proporciona a la ciudadanía, especialmente a la juventud, es que para trabajar en el sector público no es importante el estudio sino los nexos políticos, destruyendo el rol de la educación como motor del proceso de movilidad individual y del desarrollo nacional.
El efecto mayor se produce en la deslegitimidad del Estado y la fragmentación social, situación sumamente negativa para la gobernabilidad. Paraguay es el país de América Latina con el mayor porcentaje de la población que opina que se gobierna para unos pocos.
Esta percepción está vinculada, por un lado, con la contratación en el sector público de allegados al partido político de turno. Por otro lado, porque los servicios públicos se dirigen a un sector también privilegiado derivado de la acción interesada de los funcionarios que atienden los intereses de quienes los pusieron allí y no de la ciudadanía.
Si bien las noticias recientes se vinculan a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Judicial no escapa a la misma situación. Los tres poderes del Estado deben tomar conciencia y abordar de manera estructural el desafío de la implementación de la carrera del servicio civil, así como hacer posible que esta alcance un nivel profesional.