Primera condena a muerte en Irán tras la ola de protestas

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Un tribunal de Teherán condenó ayer a muerte a una persona acusada de participar en los disturbios, la primera condena de este tipo desde que empezó la ola de manifestaciones en el país, informó la agencia Mizan Online de la autoridad judicial.

No se dio ninguna información sobre su identidad o edad. Según el veredicto la persona fue declarada “enemiga de Dios y culpable de incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un crimen contra la seguridad nacional”, dijo la agencia. Otro tribunal de la capital condenó a 5 personas a penas de entre 5 y 10 años de prisión por reunirse y conspirar para cometer delitos contra la seguridad nacional y alterar el orden público. Se trata de tribunales de primera instancia, por lo que los condenados pueden apelar, dijo Mizan.

Irán vive una ola de violencia desde que Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, murió el pasado mes de septiembre tras ser detenida por la policía de la moral, presuntamente por no llevar correctamente el velo tal y como exige el estricto código de vestimenta para las mujeres en la República Islámica.

800 acusados. La Justicia iraní inculpó a cerca de 800 personas por participar en los recientes disturbios en tres provincias, según Mizan, la agencia de la autoridad judicial del país y una agencia de noticias local. En total, más de 2.000 personas fueron inculpadas, la mitad de ellas en la capital Teherán, desde el inicio de las manifestaciones que sacuden el país desde hace dos meses, según cifras comunicadas por la justicia iraní.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos contabilizan 15.000 arrestos, una cifra que las autoridades iraníes desmienten.

El director general de justicia de la provincia de Hormozgan, citado por Mizan anunció la inculpación de 164 personas acusadas tras los recientes disturbios en la provincia, que serán juzgadas a partir del jueves. Se les acusa de reunión y conspiración contra la seguridad del país, propaganda contra el régimen, alteración del orden público, disturbios, incitación al asesinato, lesiones contra agentes de seguridad y daños a la propiedad pública. Asadollah Jafari, director general de la autoridad judicial de la provincia central de Isfahán, dijo que se habían presentado 316 casos en relación con los recientes disturbios.

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