El plan prevé duplicar (a cuatro carriles) 142 km de ruta desde Ypacaraí (ruta 2) hasta el km 183 (ruta 7), donde se inicia la concesión de Tape Porã. El proyecto fue adjudicado en octubre del año pasado al consorcio liderado por la española Sacyr.
Sin embargo, la cartera hasta ahora no definió la adjudicación de la fiscalización del tramo en cuestión, cuyo proceso está siendo investigado por Contrataciones Públicas, ante protesta de oferentes. Vale señalar que de nueve oferentes que se presentaron desde un comienzo, solo tres firmas siguen para fiscalizar la APP, según se pudo constatar en la apertura de ofertas económicas que se realizó la semana pasada.
Piden anulación. Ayer, el Consorcio Vial Este (integrado por Consultora Guaraní y GMI), una de las empresas eliminadas del llamado de fiscalización, solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la anulación de la licitación en cuestión “por existir vicios de forma y fondo”.
En una extensa nota de nueve páginas enumeró los puntos donde cuestiona el actuar del MOPC, que por ejemplo, modificó el pliego vía notas aclaratorias y no con adendas. En la nota reza que el MOPC “perjudicó a algunos participantes y benefició a otros”.
Las firmas que pasaron las evaluaciones técnicas son: Consorcio Concremat y Asociados, cuya propuesta fue de USD 7,6 millones; el Consorcio Typsa-Caem, que ofertó por USD 10,2 millones, y el Consorcio C&D-ELC, que presentó por USD 8,5 millones. Esta licitación se lanzó a comienzos del 2016 y ese mismo año se realizó la apertura de las propuestas técnicas, donde se presentaron nueve oferentes. Sin embargo, uno de los participantes, específicamente el Consorcio Vial Este, protestó ante Contrataciones Públicas, lo que atrasó todo el proceso.
Llama poderosamente la atención que el MOPC haya anunciado el inicio de las obras, siendo que aún no definió el tema de la fiscalización.