Durante los 35 años de la dictadura de Stroessner el gran poder en el Paraguay estaba, sin lugar a dudas, en las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, una parte importante del Presupuesto de la Nación se llevaban los militares.
Desde el advenimiento de la democracia el poder real dejó de estar en manos de los militares y pasó a los civiles, específicamente a los políticos. Y los políticos para ganar las elecciones necesitan de votos y de dinero para financiar sus campañas electorales.
La fuente de recursos para solventar estas dos necesidades fue siempre el Estado: con la multiplicación de los funcionarios públicos conseguían los votos y con la corrupción en las contrataciones públicas conseguían el dinero para sus campañas electorales y, no pocas veces, para su enriquecimiento personal.
Producto de esta conjunción de factores se constituyó el “trípode” que hoy gobierna al Paraguay compuesto por una parte importante de nuestros dirigentes políticos, una parte importante de los dirigentes sindicales del funcionariado público y una parte importante de los empresarios proveedores del Estado.
Ese poder se ve claramente reflejado en el Presupuesto General de la Nación, ya que estos sectores se llevan casi todos los ingresos del Estado.
Desde el año 2003 hasta la fecha los ingresos tributarios pasaron de unos 500 a más de 4.000 mil millones de dólares al año, pero el 97 por ciento de los mismos se destinan a Gastos Rígidos, de los cuales el 75 por ciento son para pagar salarios al Personal.
Según un estudio realizado por el BID en todos los países de América Latina, el Paraguay es el país de la región que destina el mayor porcentaje de los gastos totales a compensación de los empleados públicos. El Paraguay es el que más gasta con el 49,5 por ciento, Colombia es el que menos gasta con el 12,1 por ciento y el promedio de la región es 29,1 por ciento.
Desde hace años una gran parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación venimos reclamando mayor responsabilidad y racionalización en los gastos públicos y por ese motivo en el año 2013 apoyamos decididamente la aprobación de la ley de Responsabilidad Fiscal.
También por ese motivo, ahora apoyamos decididamente el decreto que este año emitió el Ministerio de Hacienda y que firmó el presidente de la República, reglamentando la ley de Presupuesto.
En dicho decreto no se elimina ningún beneficio a los funcionarios públicos, sino que simplemente se ordena y se pone límites a algunos de ellos. Por ejemplo: se obliga a que la compra de pasajes aéreos sea en clase económica, se limita el pago de horas extras a un máximo de 24 horas mensuales, se establecen restricciones a los gastos en conceptos de compras de arreglos florales, periódicos y regalos, por citar algunos.
El ahorro que generarán estas medidas de racionalización se estima en 36 millones de dólares que en un presupuesto de 4.000 millones dólares representa menos del 1 por ciento. Ante esta pequeñísima reducción, la reacción de algunos sindicatos ha sido virulenta y en algunos casos violenta.
No quiero ni pensar lo que ocurriría si hacemos las reformas que el país necesita, como por ejemplo: una reforma constitucional para eliminar las gobernaciones y reducir el número de los municipios, o una reforma de la Administración Pública eliminando o fusionando ministerios.
El “trípode” que hoy nos gobierna debe ser consciente de que si no apoyan la racionalización de los gastos públicos, serán responsables de que caigamos lenta pero sostenidamente donde, lamentablemente, hoy están la Argentina y Venezuela.