El parlamentario colorado adelantó ayer que se va a sancionar el mal uso de rodados, aunque no quiso entrar en detalles.
El caso que disparó el descontrol en el uso del patrimonio público fue el que involucró a la diputada Ramona Mendoza (PLRA), quien tuvo a su cargo el vehículo por siete años. “Vamos a informar a la Cámara y tomaremos una decisión”, afirmó Alliana, tras recibir el informe de la parte jurídica.
Habló de que están elaborando el documento final para conocimiento de los legisladores respecto a este tema. “Habrá sanción, eso no se vayan a preocupar”, aseguró ayer el presidente de la Cámara de Diputados, luego de culminada la sesión extraordinaria.
Caso. La diputada Mendoza, quien el pasado mes se vio involucrada en un caso que afectó a una camioneta Chevrolet S10 y con una calcomanía proselitista en su parabrisas delantero, se expone a multa de hasta 30 jornales mínimos.
El artículo 6 de la ley que rige sobre el uso de vehículos del Estado prohíbe que los móviles sean utilizados para cuestiones particulares.
El informe elaborado por la asesoría jurídica de la Cámara de Diputados ya se encuentra en manos de Alliana y lo pondrá a consideración en la mesa directiva.
A mediados de julio, el suceso de la camioneta destinada a Mendoza causó revuelo, pues se halló dentro del rodado el cadáver del candidato a la concejalía departamental de Concepción, Carlos Sosa, asesinado a balazos en la citada ciudad.
Tras esto, se dispusieron en la Cámara Baja, tanto en el área administrativa como jurídica, medidas para arribar a una decisión. Mendoza confesó haber cometido un error y devolvió el vehículo, que estuvo en sus manos por 7 años.
Escala de sanciones. La ley refiere que quienes infrinjan las obligaciones establecidas en el reglamento deberán pagar de 20 a 30 jornales mínimos (de G. 1.600.000 a G. 2.400.0000) aproximadamente), establecidos para actividades no especificadas, por cada infracción la primera vez; el doble de la multa en caso de reiteración y pérdida de empleo e inhabilitación para la función pública por cinco años, en caso de una tercera infracción.