Alcira Sosa, viceministra de Educación, mencionó este martes que ya tienen 10.900 solicitudes de váucher de G. 70.000 para estudiantes del primer y segundo año de la Media del bachillerato técnico que no pueden ser transferidos mientras no se termine de tratar la normativa sobre el convenio de la Unión Europea (UE), cuyos fondos financian este beneficio.
La Cámara de Senadores evitó tratar el polémico proyecto de ley el 13 de diciembre pasado y desde entonces no se volvió a hablar del tema. Los parlamentarios ahora están de receso y vuelven con las sesiones a partir del próximo 1 de marzo.
De acuerdo con la viceministra, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tampoco ha podido cumplir en consecuencia con los pagos de los servicios de kits escolares y de alimentación escolar del año pasado y de infraestructura, que se transferían a las instituciones por obras menores en casos de emergencia.
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Mencionó que G. 2.600 millones estaban previstos para este tipo de arreglos en las escuelas y colegios públicos.
En caso de que el Congreso Nacional apruebe la derogación, Sosa planteó que la “única solución” es pedir una ampliación presupuestaria para la cartera estatal. “Vamos a tener que hacer esas solicitudes para honrar las deudas”, vertió.
El 30 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó, con 63 votos a favor y solo uno en contra, la propuesta para derogar el acuerdo con la organización internacional, pese a que especialistas ya alertaron sobre el riesgo de rescindir el contrato.
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Varios legisladores de la Cámara Baja alegaron que la UE busca instalar la ideología de género en Paraguay, mientras que la propuesta surgió tras una audiencia pública entre autoridades y representantes de la sociedad civil, quienes exigieron dejar sin efecto el convenio, porque temen que con esto se financie el controversial Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).
La especialista Euge Peroni, ex directora del proyecto Paraguay Educa, había advertido que si se suspende la vigencia del convenio algunas escuelas públicas corrían el riesgo de quedar sin almuerzo escolar, útiles o la posibilidad de reparaciones en caso de emergencia.
Se trata de un convenio con el cual se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 eran 8 millones de euros.