El Comité de Derechos Humanos de las emitió una sentencia este miércoles en la que insta al Estado paraguayo a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.
Esta decisión se debe al caso Rubén Portillo y otros familiares suyos oriundos del Departamento de Canindeyú, que se dedicaban a la agricultura. Portillo falleció luego de sufrir una enfermedad causada por el uso masivo de agroquímicos que afectaban a su recinto.
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Portillo falleció el 6 de enero del 2011. Vivía con su pareja, su hijo y su madre en una vivienda ubicada en la segunda línea de la Colonia Yerutí. La organización Base IS fue la querellante en este caso con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
El abogado Abel Areco explicó a Última Hora que el Comité de ordenó también al Estado realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre con agroquímicos que causaron la intoxicación de los afectados, entre ellos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos.
Los afectados hicieron la denuncia contra el Estado por la inacción y falta de vigilancia en el uso de los agroquímicos en grandes plantaciones, sobre todo sojales. El caso fue presentado al Comité en el 2013.
El organismo consideró que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región han tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de subsistencia”. Asimismo, observó que no se ejercieron los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales los cuales amenazaron la vida de las víctimas.
Le otorgó 180 días para cumplir la sentencia. En ese sentido, Areco indicó que no hay una fuerza coercitiva que obligue al Estado a hacer su parte, pero como en 1995 Paraguay firmó pactos internacionales debería obrar según lo establecido.