A través del comunicado, los obispos exhortan al Poder Ejecutivo a postergar la sanción y promulgación de las notas reversales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
La CEP expresa que es imperiosa la necesidad de diálogo y coordinación con el Gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto, “para promover posteriormente espacios de participación necesarios que permitan una evaluación más completa de los alcances y consecuencias de una decisión de gran envergadura”, dice parte del comunicado.
Para los obispos es conveniente y oportuno considerar la preocupación de los diversos sectores de la sociedad en general y, en particular, las observaciones de los expertos de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Asunción y otras organizaciones, “quienes han alegado serios cuestionamientos al referido acuerdo, que comprometen especialmente la soberanía energética y nacional”.
La misiva señala que la Iglesia que, en el cumplimiento de su misión, acompaña a su pueblo en su historia manifiesta siempre su preocupación por un desarrollo económico y social, justo y equitativo. “Por eso creemos oportuno elevar nuestra voz de alerta, que contribuya a atinar las decisiones de nuestras autoridades, de tal modo que garanticen y no perjudiquen el futuro de nuestra patria”, añade.
Los obispos manifiestan que en un momento difícil que atraviesa nuestra sociedad, asediada por antivalores que dañan la credibilidad de las instituciones y de las autoridades, es primordial la gestión trasparente, responsable y orientada al bien común; que está siempre por encima de intereses particulares y sectoriales.
“Pedimos la intercesión de la Virgen de la Asunción, patrona del Paraguay, de San Roque González de Santa Cruz y de la beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, para que Dios ilumine a nuestras autoridades y nos ayude a todos a promover juntos el desarrollo y la soberanía de nuestro país”, finaliza el comunicado divulgado ayer.
El pasado 1 de agosto, la Cámara de Diputados sancionó las notas reversales que modifican el Tratado de la EBY. El acuerdo fija una deuda de USD 4.084 millones con el Tesoro argentino y está a consideración del Ejecutivo.