Si bien, este fue uno de los temas de carácter reservado, el coronel Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, explicó que los altos mandos castrenses recibieron instrucciones y directivas por parte del mandatario sobre este caso específico.
Los familiares de Edelio inician hoy una búsqueda en compañía de vecinos y amigos, arrancando desde la estancia Macchi Cué, ubicada en la localidad de Arroyito, Departamento de Concepción, lugar donde se lo vio por última vez al suboficial el pasado 5 de julio de 2014.
“No es la primera vez que están ahí los familiares –en la estancia– y siempre estuvimos con ellos”, explicó el coronel Urdapilleta a los medios, detallando de lo que se trató en la reunión.
El uniformado, al ser consultado sobre el reclamo de Obdulia Florenciano, madre de Edelio, sobre una supuesta falta de acompañamiento de las fuerzas de seguridad a la hora de dar información a la familia, aseguró que siempre están a disposición.
“Siempre se ha hecho acompañamiento. No puedo hablar de lo que la madre manifiesta, pero, estoy casi seguro que los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta y representantes del Ministerio del Interior, están acompañando a los familiares”, recalcó.
Indignados. Los padres del policía desaparecido, Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, se encadenaron frente al Palacio de Justicia de Horqueta, pidiendo que se les dé resultados de las investigaciones.
La pareja levantó la medida de fuerza ayer, para prepararse para la expedición que harán desde hoy.
Las autoridades no manifiestan alguna información sobre el paradero de Morínigo.
La única prueba de vida que realizaron sus captores, se realizó el 22 de octubre de 2014, meses después de haber sido tomado por el EPP.
Allí dio un mensaje dirigido a su esposa Elisa Ledesma y a sus padres, diciéndoles que se encuentra bien.
En el 2018 surgió una versión de que Edelio habría muerto en manos del grupo armado, pero este dato no fue confirmado.
Millonario presupuesto de militarización en el Norte
La permanencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona Norte del país, para la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, tiene un millonario costo mensual para el Estado.
15 millones de dólares es lo que se invierte cada año para mantener a los militares y policías que están instalados en la zona de influencia de los grupos armados que operan en los departamentos de Concepción y San Pedro.
Desde la creación de la FTC en el 2013, se registró un aumento de la violencia de parte de estos grupos criminales y a su vez, su proliferación. Hoy los organismos de seguridad identifican además del EPP, a sus desprendimientos: El Ejército del Mariscal López (EML) y la Agrupación Campesina Armada (ACA) como grupos que secuestran, matan y cometen otros crímenes en el Norte.