Se trata de las firmas El Farol SA, que cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y Sermat SA, encargada de residuos hospitalarios. El argumento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para seguir otorgando la licencia ambiental es siempre que el arrendamiento fue antes de la declaración.
El director de Biodiversidad, Darío Mandelburger, señaló que el área donde operan dichas empresas como la subestación para sistema de trasmisión de línea 500 kV fue establecida como “zona de servicios”. Alegó que ya depende del Ministerio de Defensa seguir con el arrendamiento o suspender.
Ambientalistas destacan que por más de que la declaración fue posterior a las instalaciones, de igual manera las actividades no serían compatibles con un área destinada justamente a refugio de vida silvestre. Mandelburger indicó que el área está delimitada y restringida. “No se debe aumentar la superficie determinada para servicios. En el plan de manejo se determina cuáles son los lugares tangibles e intangibles donde preservar y donde pueden ser accionados”.
Sobre el arrendamiento, la Contraloría General de la República había recomendado ejecutar un plan de clausura. Lejos de realizarse el cierre, en el Congreso Nacional inclusive aprobaron el proyecto para la venta de propiedad a favor de la firma en el 2018.
ÚH intentó tener la versión del ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, pero no contestó las llamadas ni mensajes. Desde el ente señalan que es el único vocero.
Competencia. El Municipio de Villa Hayes no se opone a estas actividades, pero rechaza la instalación del relleno de Empo Ltda. y Asociados en el sitio. Aseguran que por ordenanza la zona del proyecto estaría en área de reserva.
Empo es concesionaria del relleno sanitario de Asunción en la zona de Cateura que debía cerrarse en el 2000. Pero en el 2005 la Comuna firmó contrato con la empresa que debía trasladar la disposición final de residuos a Villa Hayes. La semana anterior el Mades instruyó sumario a Empo tras evidenciar incumplimiento de las medidas de mitigación solicitadas tras el incendio en Cateura. Sobre representantes de la firma pesaba denuncia de supuesta estafa y producción de documentos no auténticos. Fueron sobreseídos provisionalmente, pero ahora imputaron a las autoridades municipales.
Presentaron pedido de nulidad de acta
Tras ser imputados, el intendente Óscar Nenecho Rodríguez, Mario Ferreiro y 11 concejales por supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en el caso de Empo, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna, Benito Torres, presentó pedido de nulidad de acta. Cuestionó que mientras representantes de Empo fueron sobreseídos provisionalmente ahora imputan a autoridades municipales como coautores. Se cuestiona además que la Fiscalía no imputó a otros concejales que votaron a favor de Empo.