En efecto, Paraguay es uno de los países cuyo PIB ha crecido a promedios más altos que el del resto de las naciones en la última década, a la par de que ha aumentado el gasto público. Constantemente, las autoridades hacen referencia al “milagro” paraguayo basado en tasas altas de crecimiento junto con un largo periodo de estabilidad macroeconómica. Estas condiciones no fueron suficientes para reducir la inadmisible desigualdad que la historia reciente muestra con tanta crueldad.
Las desigualdades no son solo económicas. Durante el año que pasó, a raíz de la pandemia, las mujeres fueron particularmente afectadas por la pérdida de sus empleos y se llevaron la peor parte en el cuidado de los niños y el apoyo escolar por la suspensión de las clases y las medidas de aislamiento en los hogares.
La última semana otra causa y consecuencia de desigualdad de género adquirió centralidad con el gran número de casos de violencia e incluso muerte de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas. La situación se agrava al considerar la escasa y pésima atención recibida en las instancias públicas que debieran hacerse cargo del problema.
El evento en el centro de rehabilitación de Tacumbú dio cuenta de otra forma de desigualdad, que, aunque menos percibida por la ciudadanía, no por ello es menos grave. Todos los centros penitenciarios están sobrepoblados por un sistema de justicia ineficaz e injusto. La mayor parte de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena y, lo que es peor, muchas por delitos leves; mientras que los grandes delincuentes disfrutan de impunidad.
A los datos estadísticos que muestran la gravedad y las múltiples dimensiones de la desigualdad se agregan las noticias y la percepción ciudadana de que el Gobierno no solo no realiza acciones para enfrentar el problema, sino que además beneficia más a los ricos que al resto de la población.
La persistencia de las brechas y el malestar ciudadano derivado de las inequidades públicas tienen consecuencias negativas en todos los ámbitos de la vida. La evidencia empírica ha demostrado fehacientemente las diversas vías en que obstaculizan la sostenibilidad del crecimiento económico, así como la integración social. Los déficits en ambas variables tienen alta correlación a la vez con la inseguridad ciudadana.
Las desigualdades perjudican a todos, no solo a las clases medias o a los estratos de menores ingresos. Si bien los sectores de mayor nivel adquisitivo pueden financiarse seguridad, salud o educación privada, su calidad de vida igual está afectada en el largo, mediano y corto plazo.
Es urgente que las políticas públicas contribuyan a reducir las desigualdades en todas sus formas: económicas, de género, territoriales, en el acceso a la Justicia. El país quedará entrampado en el subdesarrollo si este problema no es tomado en cuenta por las autoridades.