El informe de admisibilidad señala que la Comisión decidió iniciar el estudio del caso ante la presunción de que se han violado los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, de la integridad personal, de las garantías judiciales y de la protección judicial, este último en perjuicio de la familia del finado comunicador.
El caso fue presentado ante el organismo internacional en el 2007 y fue reimpulsado el año pasado por la familia del periodista. Dante Leguizamón, hijo de Santiago y abogado de derechos humanos, explicó que a partir de la admisión, la CIDH estudiará cuál es la responsabilidad del Estado paraguayo con relación al crimen y la posterior impunidad en la causa.
La denuncia señala que Leguizamón fue ultimado por sicarios en Pedro Juan Caballero luego de recibir amenazas por sus críticas a la corrupción local y reportajes sobre lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas en la frontera seca con Brasil.
“La peticionaria afirmó que sus investigaciones y reportajes ‘dejaban entrever una presunta complicidad entre los capos de crimen y el gobierno del presidente Andrés Rodríguez’ y que por ello existen indicios que apuntan a la responsabilidad intelectual por parte de empresarios locales y del presidente de la República de la época, Andrés Rodríguez”, relata el informe mediante el cual la CIDH resolvió tomar el caso.
El documento también menciona que el Estado paraguayo alegó que no hubo violaciones de derechos humanos, porque ningún agente estatal estuvo involucrado en el asesinato y la Justicia hizo lo posible para esclarecer el caso. Dante Leguizamón recordó que, a 25 años del crimen, nadie fue condenado.