La jueza Penal de Garantías Alicia Pedrozo volvió a ratificar este jueves la prisión preventiva para Reinaldo Javier Cucho Cabaña. La magistrada decidió no hacer lugar al pedido de la defensa del presunto narcotraficante, que había solicitado la revisión de la medida y su revocatoria.
Por ello, Cucho Cabaña seguirá recluido en la antigua cárcel de Emboscada, Departamento de Cordillera, donde en julio de 2021 fue trasladado desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, por medidas de seguridad.
No obstante, la defensa del imputado —por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para el tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero— adelantó que volverán a apelar, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
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En varias ocasiones, Cucho Cabaña ya planteó la revisión de su medida de prisión preventiva, pero la jueza Pedrozo mantiene su postura de mantenerlo en la cárcel, argumentando peligro de fuga y obstrucción en la investigación.
En ese sentido, un día antes de su traslado a Emboscada, el presunto traficante de drogas recusó a la magistrada por “falta de independencia y parcialidad” después de que esta haya ratificado su medida preventiva tras un pedido anterior.
Cabaña fue capturado en setiembre del 2018, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, durante el conocido operativo Berilo, que implicó más de 30 procedimientos de la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Durante la operación se allanó una majestuosa casaquinta, propiedad de Cucho Cabaña, la cual cuenta con una playa privada, un parque infantil y otros objetos de lujo.
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Además, la Senad se incautó de más de 20 vehículos lujosos de su propiedad, dinero en efectivo y drogas de la vivienda perteneciente a su hermano. En diciembre del 2020, un Lamborghini que le pertenecía fue subastado por G. 411 millones a un joven de 25 años.
El caso también involucró al diputado Ulises Quintana, quien se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. Incluso, en abril del año pasado, el Departamento de Estado de EEUU le prohibió la entrada al país al legislador y a su esposa, Mirtha Beatriz Fariña, “por comprobada participación en actos de corrupción”.