Denuncian que la directiva no aclaró la cancelación de créditos por valor de G. 9.561 millones que otorgó a la firma Karakú, empresa en la que se sospecha estaban vinculados directivos de la propia Caja Bancaria.
El caso incluso está siendo motivo de investigación por parte del fiscal Martín Cabrera; sin embargo, todavía no hay personas imputadas.
Abel Florentín, titular del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios, aseguró que todos los funcionarios de departamentos de control de la Caja están involucrados en este caso.
“Desde que denunciamos este caso recibimos persecución. Todos los cheques emitidos a la empresa Karakú están con la firma del presidente”, aseguró con referencia a José Caballero, titular de la Caja Bancaria.
Pidieron un reajuste histórico en sus haberes y parar el exceso de contrato a personal en la caja.