Los agentes fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y María Estefanía González imputaron a Luis Sánchez González, Stiben Patrón Cáceres, Brian Martínez Jara y un adolescente de 17 años por supuestamente fabricar el cóctel dentro del local partidario en la noche del 31 de marzo, día de la movilización antienmienda.
Los representantes del Ministerio Público imputaron a los señalados en base a la Ley 4036/2010 de Armas de Fuego, por el artículo 97 de fabricación ilícita, y artículo 99 de hechos punibles conexos.
En la presentación de la imputación los agentes fiscales solicitaron la prisión preventiva de los mayores procesados y el arresto domiciliario del menor de edad.
sin sustento. La abogada Liliana Boccia mencionó que la imputación presentada por el Ministerio Público solo se basa en un video de circuito cerrado donde presumen que dentro de una botella hay un químico que para ellos es kerosene o alcohol.
En primer término mencionó que no hay evidencia física, ya que tras el asesinato de Rodrigo Quintana en manos de la Policía no se dejó constancia en ningún acta de procedimiento fiscal o policial la existencia de una bomba de fabricación casera.
Y, por otra parte, para que legalmente se pueda determinar qué había dentro de las botellas, el Ministerio Público necesitará de un análisis químico del contenido de dicha botella, “pero eso no se podrá realizar ya que no cuentan con evidencia física”, según manifestó.
represalia. La abogada, quien además representa a la familia de Rodrigo Quintana en la querella contra tres policías, mencionó que esta acción se trata de “una persecución orquestada desde los órganos gubernamentales con el fin de tomar represalias contra las personas que lucharon para que no se viole la Constitución” y criticó al fiscal general Javier Díaz Verón.
Al anunciar la imputación, los agentes a cargo presentaron los videos de la cámara de vigilancia del local del PLRA como evidencia probatoria, además de otras filmaciones donde se observa a los imputados en la plaza y en el Congreso Nacional.
La causa está a cargo de los fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y María Estefanía Fernández.