Hoy vence la tregua pactada por los importadores de autos usados, transportadores cigueñeros y mecánicos para que el Gobierno, a través del vicepresidente Juan Afara, responda al pedido realizado por este sector para pagar el arancel aduanero para importar vehículos en base a los certificados de origen de compra, y no en base a valores referenciales de Aduanas.
Precisamente fue Afara quien intervino el pasado viernes y prometió –según los importadores– interceder y dar una respuesta a la protesta de los importadores de autos usados, en contra del decreto que elevó del 10% al 25% el arancel aduanero para ingresar al país autos de segunda mano.
Otra versión es que la respuesta vendría entre hoy y mañana por parte del vicepresidente.
FIRME. Hasta el fin de semana pasado, las partes se mantuvieron firmes en sus posturas. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, ratificó la vigencia del decreto en cuestión. Por su parte, el Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), también hizo lo propio y las jornadas de protestas continuaron y solo fueron levantadas luego de la mediación de Afara y la promesa de dar una respuesta.
Hacienda alega como fundamento central el tema de la contaminación ambiental que generan los vehículos usados, hecho que no es admitido por el CIVU, que exige un estudio serio que lo demuestre.
Asimismo, la Subsecretaría de Tributación presentó un informe donde se resalta el escaso aporte impositivo que en los dos últimos años realizó este rubro de importación.
Por su parte, el citado gremio de importadores que preside Miguel Barrios sostiene lo contrario y afirma que emplean y dan de comer a miles de personas.
CONTRAOFERTA. Los importadores de usados hicieron una contraoferta por nota la semana pasada a Hacienda.
Básicamente, piden que para mantener el aumento del arancel aduanero se derogue la resolución de Aduanas Nº 436/09, a la cual califican de ilegal e inconstitucional, debido a que establece un sistema de valoración fuera de lugar de los productos importados, en este caso, de los vehículos. Cuestionan que Aduanas establezca una valoración fuera de los acuerdos internacionales vigentes.
En la práctica, señalan que Aduanas aplica un valor superior al documento comercial del costo de los vehículos, a fin de aplicar el arancel aduanero. Incluso, señalaron como ejemplo que una camioneta Toyota Hilux del año tributa 16 millones de guaraníes, mientras una Santa Fe del 2014 paga más de 40 millones de guaraníes.
Aduanas, por su parte, dice que no hay ilegalidad y que la medida había surgido por los precios subvalorados que presentaban los importadores.