“Estamos aguardando. En realidad nos nutrimos de los informes que envían los bancos comerciales. Eso generalmente envían la primera quincena lo del mes anterior. Estamos esperando esos informes, cerrar el 2016 y a partir de ahí analizar qué entidades cumplieron y cuáles no y si hay dudas enviarles notas otra vez a las entidades para que nos confirmen si esa cuenta en qué concepto la tienen”, explicó.
A setiembre del año pasado, la cartera fiscal solo tenía contabilizados USD 30 millones transferidos, de los G. 2,17 billones (USD 378 millones) que deben migrar a la banca estatal.
SIN DATOS. A partir de allí, no se volvió a tener nuevos reportes sobre las transferencias, a pesar de que el Decreto 5402/16, que reglamenta el artículo 210 de la Ley 5554/16, que aprueba el Presupuesto 2016, se estableció, entre otras cosas, que los recursos institucionales de libre disponibilidad de los organismos y entidades del Estado debían ser depositados en cuentas habilitadas en el BNF en un plazo calendarizado, teniendo como base el mes de junio (fecha de promulgación del decreto) y como límite 120 días hábiles.
Este plazo se cumplió el 29 de noviembre del año pasado. Si bien la normativa no establecía una sanción para las entidades que incumplieron esta disposición, los datos sobre las entidades que no acataron este mandamiento presidencial podrían ser remitidos a consideración de la Auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.