Todo empezó ante denuncias de las reclusas del Buen Pastor, quienes se quejaron de la incertidumbre que enfrentan acerca de sus procesos penales.
El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, presentó ayer la denuncia junto con varios argumentos basados en los “reclamos populares” de las reclusas.
El documento refiere que las internas del Buen Pastor no reciben visitas de sus defensores y desconocen el proceso que enfrentan, siendo la encargada de este proceso la denunciada.
“No saben absolutamente nada referente a su futuro legal”, expresa la denuncia.
A esto se suma la impotencia que genera en las reclusas que la defensora esté acusada de hechos punibles, pues enfrenta una causa por usurpación de funciones públicas.
La Defensoría del Pueblo recogió aproximadamente 60 formularios de las internas y sus familias, demostrando una coincidencia en los reclamos.
Apartada. Godoy considera que Yore Ismael debe ser apartada de su cargo mientras dure su proceso con la Justicia, además de la denuncia del mal desempeño de sus funciones que pesa en su contra, para así recuperar la credibilidad de la institución.
Ante las quejas contra la administración de la justicia alegan la “absoluta ausencia de los defensores públicos en la labor que la Constitución les confiere”.
Como ejemplo, citó en la denuncia que las afectadas no conocen a su defensor público, no son visitadas y, por ende, no saben de sus procesos.
De igual modo, dice la denuncia de la Defensoría del Pueblo, en varias exposiciones de los ciudadanos privados de su libertad se desprende la impotencia que representa para los internos el trabajo de la Defensoría General, como así mismo del proceso penal donde la misma defensora fue acusada por el Ministerio Público.
Cabe recordar que el nuevo defensor del Pueblo detectó una serie de irregularidades en la institución, como el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura stronista por lo que denunció a su antecesor, Manuel Páez.