La fiscala anticorrupción, Natalia Fúster, fue designada para llevar a cabo la investigación de supuesta lesión de confianza y evasión de impuestos, según la denuncia, cometidos durante la administración de Eddie Jara al frente de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).
Un perjuicio patrimonial superior a G. 30.000 millones para Petropar fue detectado por una auditoría.
Esto, según un informe de auditoría realizada por Arregui, que reveló una serie de irregularidades en la administración de la petrolera estatal, que comprometen seriamente a Jara, ex presidente de Petropar durante el Gobierno de Horacio Cartes.
La entrega de bienes de Petropar sin garantías en contrato de comodato y la entrega de combustibles pagados con cheques diferidos y rechazados figuran entre los perjuicios.
Entre las deficiencias documentales encontradas se citan informes de Informconf no visualizados, incumplimiento de procedimientos administrativos para la concesión del negocio e incorporación de operadores externos a la red de estaciones de servicio con emblema Petropar.
Se reveló además que la petrolera no pagó a Hacienda G. 519 millones en impuesto selectivo al consumo, entre noviembre y diciembre de 2017. No se descarta que el perjuicio sea mayor, teniendo en cuenta que la auditoría solo abarcó 32 de las 150 estaciones de servicio que operan bajo el emblema de la empresa pública.
La denuncia fue presentada por la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Teresa Rojas; el asesor de la Presidencia de la República en transparencia, Carlos Arregui; y el auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo Olmedo, contra personas innominadas, con base en la auditoría practicada a Petropar, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y hasta setiembre de 2018.