“Lo que hizo fue algo absolutamente legal y con un propósito muy claro”, expresó en conferencia de prensa su portavoz, Carlos Palacios.
“La recomendación que recibió de un estudio jurídico de Florida es que para comprar bienes raíces en esta zona, lo usual es hacerlo a través de sociedades de responsabilidad limitada”, amplió el vocero, asesor jurídico del ex mandatario.
El nombre de Cartes, un millonario industrial tabacalero de Paraguay, aparece en una investigación conocida como “”, específicamente como beneficiario de Dominicana Acquisition S.A., una sociedad incorporada en Panamá en 2011 a través de OMC Group. Esta última es una empresa de consultoría que se dedica mayormente a la constitución de sociedades en el país centroamericano.
Varios presidentes y ex presidentes de países latinoamericanos figuran en listas ventiladas por la pesquisa de un consorcio internacional de periodistas de investigación.
Cartes recién incluyó en setiembre pasado a la empresa offshore que no había mencionado en declaraciones juradas presentadas a la Contraloría de la República, afirmó este lunes Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas.
“La rectificación es un derecho y no hay plazos establecidos para hacerlo”, dijo Torres.
El abogado Palacios insistió en que “la respuesta es muy simple: en el año 2011 el señor Cartes decidió hacer una inversión para adquirir un apartamento en Miami”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, calificó de “inquietante, no sé si alarmante” la revelación de los “Pandora Papers”, cuando periodistas le preguntaron al respecto el lunes luego de una reunión con el presidente en el Palacio de Gobierno.
“De momento cae en el mundo mediático. No hay una investigación judicial. Estamos en una etapa en todo el mundo donde es importante la transparencia, que los negocios sean públicos. Al ser públicos son legales”, manifestó.
“El hombre público debe hacer pública su gestión. No tiene nada que ocultar. Se presume la inocencia del ciudadano común, pero al ser uno funcionario público se presume su culpabilidad”, observó Acevedo.
Los “” son 11,9 millones de documentos filtrados, en cuyos archivos figuran 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos.
Se denomina “sociedades offshore” a las cuentas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores. Son consideradas legales siempre que el propietario las declare en el país en el que reside.