María Lorena Acosta Benítez, quien fuera directora del penal de mujeres Juana María de Lara, de Ciudad del Este, fue acusada por el fiscal Alcides Giménez y deberá afrontar juicio por extorsión.
Según la investigación, la funcionaria del Ministerio de Justicia habría solicitado la suma de G. 4.000.000 a la interna Janina María Liza Dávalos Bazán para no elevar un informe de mala conducta en su contra.
El fiscal del caso reveló que los familiares de la afectada se vieron obligados a pagar, porque este informe iba a perjudicar su intención de obtener un mejoramiento de medidas en el marco de un proceso penal, cuya audiencia era entonces para el 7 de diciembre de 2022.
Dos días antes, el 5 de diciembre, durante una entrega vigilada en una estación de servicios de Minga Guasu, la mujer fue detenida. En esa oportunidad, los agentes la sorprendieron con la suma de G. 2.000.000, que eran parte del adelanto al monto que habría acordado con la mencionada interna.
La entonces directora llegó en un automóvil Toyota Premio y antes que pudiese reaccionar, fue abordada por el fiscal Giménez y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía, que se incautaron de los billetes previamente fotocopiados. Los investigadores se llevaron también un teléfono celular y el automóvil de la funcionaria.
La denuncia fue realizada por Rosa María Cabañas, propietaria de la cantina que funciona dentro del penal. La misma señaló en su denuncia que funcionarias penitenciarias le plantaron bebidas alcohólicas en su local para luego extorsionarla también con este hecho.
DINERO PARA VIVIR. La corrupción es uno de los males que afecta al sistema penitenciario y que permite la consolidación del crimen organizado tras las rejas.
El criminólogo Juan Martens había señalado, en comunicación con Radio Monumental, que para vivir de manera algo digna en las cárceles, se debe pagar la suma mensual de G. 3 millones.
Esto, para tener derecho a una cama y una celda que tengan las comodidades mínimas.
“Por eso es tan rentable que siga funcionando las cárceles de manera desordenada, porque genera muchos ingresos a los agentes penitenciarios y a los directores”, señaló.
Otro de los “negocios” que reditúa buenas ganancias a funcionarios penitenciarios es el ingreso de teléfonos celulares a los recintos penales, ya que son objetos prohibidos, según el reglamento del Ministerio de Justicia.
Conseguir un teléfono inteligente de alta gama se puede cotizar en dólares, pero se tienen casos que por G. 300.000 se realizaron ingresos.
4.000.000 de guaraníes es la suma que habría pedido la entonces directora del penal femenino para extorsionar a interna.