En el tema de los impuestos existen varias circunstancias que se deben analizar. Por un lado se hallan las exigencias cada vez mayores para el Estado, en términos de salud, educación y seguridad. Frente a esto, tenemos un erario insuficiente para responder a estas demandas.
El Paraguay continúa siendo el país con menor carga tributaria en la región y un reajuste en ese sentido no afectará en mayor medida a quienes pueden contribuir para que el sector público adquiera mayores recursos.
Desde luego, hay que exigir al Estado, en especial a los políticos, responsabilidad a la hora de establecer prioridades en el gasto, de manera que se apuntale aquello que realmente tiene que ver con la función estatal en sí y no con la mera apetencia sectaria.
En cuanto al impuesto a la exportación de granos, que tiene un proyecto de ley con media sanción en el Senado, en espera de lo que determine próximamente la Cámara de Diputados, la discusión ya viene de larga data. Este tributo estaba ya previsto en la Ley de Adecuación Fiscal del año 2004 (gobierno de Nicanor Duarte Frutos).
El 8 de mayo del 2008, el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Bogarín Acosta, tras una reunión con el entonces presidente electo Fernando Lugo, afirmó: “No estamos ajenos a colaborar ni nos asusta tampoco el gravamen”. En aquella ocasión se habló de la necesidad de que el beneficio de ese impuesto se aplicara al desarrollo, en el marco de un impulso a la agroindustria a través de una alianza del sector público con el sector privado.
Sin embargo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, calificó de irresponsable la creación de un impuesto a la exportación de granos, pues “solo afectará a los productores y desaparecerán algunos rubros”.
Este es un momento histórico en que hay que mirar al país como un todo; y esta es una exigencia para las corporaciones y los políticos. Si cada cual se aferra a sus propios intereses, buscando ganar siempre más, desentendiéndose del resto y de los graves problemas económicos y sociales, terminaremos perdiendo todos.
En el caso específico del sector sojero, la soja ha contribuido al crecimiento económico, pero puede contribuir mucho más. Como materia prima, depende de variables exógenas inmanejables. Y eso afecta al país. Se debe apuntar a un modelo agroindustrial con el aprovechamiento de la materia prima para crecer con más orden y previsibilidad.
Gravar la venta de soja en bruto es una vía para buscar las condiciones con miras a industrializar el producto en nuestro país. Pero el Estado no debe quedarse solo en la acción de gravar. Debe promover la producción agroindustrial brindando todas las facilidades posibles en pos de los beneficios que eso acarreará: puestos de trabajo, infraestructura, tecnología, conocimiento, etcétera.
Un mínimo imponible quizá haga que algunos que ganan bien ganen un poco menos. Pero el país, en general, ganará mucho. Hay que propender siempre al justo equilibrio.