Qué hacer con la Fuerza de Tarea Conjunta? Es la pregunta que ha vuelto a brotar con fuerza en distintos sectores, tras el trágico y lamentable secuestro y asesinato del joven ganadero Jorge Ríos en la zona de Sargento López, ex Puentesiño, en manos del grupo criminal armado Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP).
La FTC, como comando de élite formado por militares y policías para combatir a los grupos armados criminales en el Norte del país, existe desde hace siete años. El 24 de agosto de 2013, el entonces presidente Horacio Cartes promulgó el Decreto N° 103, “por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”, creando oficialmente la FTC, integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el objetivo principal de combatir al EPP.
Posteriormente, Cartes logró que el Congreso modifique la Ley Nº 1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, redefiniendo la defensa nacional “para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna”. De esta manera, al agregar la palabra “interna”, se hizo posible la actuación militar en tareas de seguridad interna, por lo cual muchos juristas consideran inconstitucional a esta ley.
La base operativa del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la FTC, se encuentra en Arroyito, Departamento de Concepción. En cuanto a las asignaciones, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas destinan un presupuesto específico al CODI, detallado en un subprograma de cada institución. El costo operacional no se informa de manera transparente, ya que hay un gran porcentaje que se maneja como “gastos reservados”.
Un informe del diario Última Hora, publicado el 2 de junio de 2019, sostuvo que la FTC le cuesta al Estado paraguayo más de un millón de dólares al mes. “El enorme gasto estatal en las fuerzas militares y policiales desplegadas en San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay es contrastada por los pobres resultados hasta ahora conseguidos en la lucha contra los grupos armados que operan en esa zona”, destacaba el reporte.
Igualmente, mencionaba: “A la falta de resultados positivos hay que sumar las sospechas de corrupción que rodean al híbrido de policías y militares. En abril fue detenido el ex comandante de la FTC Ramón Benítez, por liderar un esquema de coimas por proteger cargas de contrabando. Hasta hoy, familiares del capitán Enrique Piñánez aseguran que este murió en un atentado, debido a que tenía pruebas de importantes hechos de corrupción dentro de la FTC durante el periodo en que Benítez estuvo como comandante. Varias comunidades campesinas de las zonas de influencia del EPP denunciaron torturas y otras violaciones de derechos humanos de parte de miembros de la fuerza de tareas”.
Es el momento de definir con criterios más amplios cuál es la mejor estrategia para enfrentar no solamente a los grupos que se presentan como presunta guerrilla, sino también a los del narcotráfico y el crimen organizado que se han adueñado de una amplia región del país.
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