Un grupo de escribanos iniciaron movilizaciones en el transcurso de la semana, frente a la sede de la Dirección General de los Registros Públicos. Reclaman el lento sistema en la institución, el cual entorpece el trabajo de los profesionales. Las quejas apuntan mayormente a retrasos en la entrega de documentos, lo cual tiene consecuencias muy negativas para los procesos e impacta en la fluidez de los negocios jurídicos.
Importantes trámites se demoran debido a la imprevisibilidad de la institución en la entrega de documentos, por lo que sus clientes deben aguardar para firmar escrituras de transferencia, entre otros trámites, porque el sistema no funciona.
Los manifestantes hacen directamente responsable de la situación a la directora de Registros Públicos y envían un claro mensaje a la Corte Suprema de Justicia en el sentido de pedir un cambio de rumbo en la dirección de la entidad.
Los escribanos cuestionan, entre otras aspectos, el hecho de que la titular de Registros Públicos lleve más de dos décadas en el cargo sin que la institución preste mejores servicios.
La directora de Registros Públicos, Lourdes González Pereira, responsabiliza por su parte a la empresa proveedora del sistema informático, Consorcio de Gestión Documental, de los problemas registrados en las últimas semanas, problemas que motivaron los reclamos de los escribanos. E indica que se puso en vigencia el nuevo sistema en el módulo inicial de mesas de entrada y salida y que es parte de una consultoría que la Corte Suprema de Justicia realizó en diciembre del 2019, y que tiene como producto final la implementación de un sistema electrónico registral en todas las gestiones desde octubre del 2022.
El nuevo sistema se puso en vigencia desde el 4 de octubre; la nueva tecnología reemplazará a la anterior que ya está desfasada. La titular reconoció que el nuevo sistema presentó innumerables inconvenientes, pese a las pruebas realizadas antes de su implementación.
Los escribanos por su parte reclaman que el sistema presentó dificultades inclusive desde antes de la pandemia, y que los retrasos que se observan, principalmente en la expedición de documentos, se agudizaron con la crisis sanitaria por el Covid-19, demorando la entrega de documentos inclusive varios meses.
Estos retrasos en la expedición de documentos afectan en forma negativa a los negocios que dependen de los certificados que debe brindar Registros Públicos. Esto es muy desfavorable para la marcha de un país, que con grandes esfuerzos se está recuperando de la pandemia. Las consecuencias pueden ser graves ya que, como señalan los escribanos públicos, alrededor de su actividad se encuentran los bancos, entidades financieras, quienes necesitan vender una propiedad o los que quieren comprar; así todo ese entorno financiero se ve afectado.
Las críticas no solo son razonables sino que además son absolutamente necesarias. Las autoridades deben solucionar este problema, debe ser para ellas una prioridad, pues las instituciones deben servir a la ciudadanía, y solo con un gran esfuerzo y compromiso de su parte podrán recuperar confianza y credibilidad.