Las estadísticas del Gobierno inflaron 20 veces la cantidad de proveedores beneficiados con la nueva modalidad de compra directa o simplificada a pequeños agricultores, implementada con el Decreto 1056/13, según datos que recabados de Contrataciones Públicas.
En su primer informe presentado en julio pasado al Congreso Nacional, el presidente Horacio Cartes señaló que 416 productores de la agricultura familiar se han convertido en proveedores del Estado, a través de la modalidad implementada para la provisión del almuerzo escolar en el Departamento de Misiones, donde arrancó el plan piloto enfocado a combatir la pobreza.
Un mes después, Juan Carlos Baruja, ministro asesor de lucha contra la pobreza y mano derecha de Cartes, elevó más las estadísticas. “Son 800 los productores que se han convertido en proveedores del Estado. Sin intermediación, venden sus productos a los gobiernos locales para la preparación diaria de alimentos para niños y niñas de unas 250 escuelas públicas”, promocionaba Baruja por los medios de prensa en agosto pasado.
En la última conferencia de prensa que brindó Baruja junto al gobernador de Misiones, Derlis Maidana, a raíz de la serie de irregularidades que saltaron a la luz con la investigación de este diario, aseguró “que son miles los productores beneficiados con este plan piloto”.
Pero en los registros de Contrataciones Públicas, como entre los datos de las Unidades Operativas de Contratación de las instituciones compradoras, solo existen 37 proveedores, entre los cuales existen intermediarios, comerciantes y operadores políticos, que no tienen ni una planta de zapallo, en total detrimento de la herramienta que claramente prohíbe la intermediación (ver info).
La modalidad de compra simplificada es una herramienta que el Gobierno implementó en el marco del programa Sembrando Oportunidades, con el objetivo de que los pequeños agricultores puedan entrar al mercado de las compras públicas, específicamente en el rubro de alimentos.
Inicialmente el plan piloto de compra de alimentos con el Decreto 1056/13 se aplicó en las gobernaciones de Misiones y Paraguarí, y una pequeña adquisición de G. 7 millones hizo la Jefatura Policial de Paraguarí.
La principal exigencia de este sistema ejecutado a través del Decreto 1056 es eliminar la intermediación, pero las gobernaciones procedieron contrariamente, favoreciendo a comerciantes, operadores políticos que no son productores.
Entre las irregularidades descubiertas por este medio figuran la sobrefacturación de los precios, la entrega de productos de mala calidad y faltantes en las provisiones. Se compraron productos que nunca fueron recibidos en las escuelas, como el caso del mandi’i que no se proveyó.
Aparecieron funcionarios de la Gobernación de Misiones beneficiados con contratos de servicios, como la jefa de protocolo adjudicada con G. 14 millones al mes. Se suspendió el almuerzo para los alumnos de la Escuela Teodoro Rodríguez de Yaguarón por orden del gobernador.
Así también la Gobernación de Misiones le dejó fuera a Pedro Espinoza, productor de gran variedad y cantidad de verduras, y le adjudicó un contrato de G. 454 millones a Antonia del Puerto, comerciante que provee a las escuelas productos que acopia de los pequeños productores, según confirmó ella misma.
Diferencias. La Secretaría Técnica de Planificación (STP) fue consultada varias veces por qué en el informe del presidente figura una cifra mucho mayor a la cantidad de proveedores beneficiados con la modalidad y registrados en Contrataciones Públicas.
La encargada de prensa de Sembrando Oportunidades, Mirta Rodríguez, dijo que “con los comités se suman y alcanzan” la cantidad de proveedores que el presidente afirmó.
En la planilla de Contrataciones Públicas solo figuran 5 comités, de los cuales tres “no proveyeron nada”, según confirmó el gobernador de Paraguarí, Miguel Cuevas. El mismo se refirió a los comités Katupyry, Nuevo Horizonte y San Juan Bautista (ver info).
En el comité de Productores de Solano Norte de Misiones 20 personas se convirtieron en proveedores del Estado, según confirmó su presidenta, Rosa Elva Benítez.
En el comité 29 de Setiembre de Paraguarí, que se adjudicó la venta de productos frutihortícolas a la jefatura policial de esta ciudad, figuran 5 personas, según confirmaron en la UOC de la Policía Nacional.
Sumando las 25 personas que proveyeron a través de los dos comités, y excluyendo a los tres que no vendieron productos, llegan a 57 las personas que se convirtieron en pequeños proveedores por la modalidad simplificada y no 416 u 800 como se promociona desde el Gobierno.
Cinthia Leite, asesora de Contrataciones Públicas, dijo que la diferencia puede darse también porque las entidades no terminaron de comunicar las adjudicaciones, o porque las compras se hicieron a través del Fone (Fondo Nacional de Emergencias). Sin embargo, el jefe de UOC del Fone, Reinaldo Maciel, afirmó que “todavía no hicimos compras a través del Decreto 1056, cuando haya oportunidad lo haremos”. La STP, experta en estadísticas, no argumentó sobre la diferencia pese a los insistentes pedidos.