Curuguaty sigue interpelando al Estado y a la conciencia ciudadana. La huelga de hambre iniciada por cinco campesinos imputados por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmuebles cumple hoy un mes.
Sin esperanza en un juicio con sentencia cantada desde que comenzó la investigación fiscal, los huelguistas se encuentran en un frágil estado de salud.
En otra situación, su decisión hubiera sido cuestionable.
Lo correcto sería esperar el dictamen de los jueces. Sin embargo, los cinco huelguistas no tienen otra salida que intentar despertar la solidaridad nacional e internacional, pues la inercia del proceso los llevará a una condena tan segura como injusta. Son el último eslabón de uno los juicios más vergonzosos que se hayan realizado en los últimos años. Su encarcelamiento es necesario para justificar un golpe parlamentario.
El problema es que todavía no sabemos qué pasó en Curuguaty. Hubo 17 muertos, pero solo se investigó a los campesinos. Las denuncias de la ejecución de algunos labriegos nunca fueron tomadas en cuenta. No hay ninguna seguridad de que los campesinos apresados hayan sido los que dispararon. Es decir, la justicia puede estar mandando a la cárcel a inocentes.
¿O por qué cree usted que, curiosamente, solo están imputados por “tentativa”? Esa fue la solución del fiscal al no saber quiénes fueron los que apretaron el gatillo.
Lo de “asociación criminal” tiene como sustento una lista de nombres que figuraba en un cuaderno encontrado en el lugar de los hechos. Si eso le parece poco serio, es bueno que sepa que ese cuaderno ni siquiera fue presentado en el juicio, pues se mojó y los nombres se volvieron borrosos.
Y en cuanto a lo de invasión de inmuebles ajenos, hoy parece bastante claro que las tierras de Marina Cué pertenecen al Estado. Es decir, la empresa Campos Morombí denunció a esas personas por la invasión de un inmueble que no era suyo. Es por eso que la defensa presentó un incidente de prejudicialidad, al cual se recurre cuando alguno de los elementos está ausente. En este caso, en la acusación de invasión de inmueble ajeno no está presente la ajenidad. Según la ley, el procedimiento debe suspenderse hasta que se presenten todos los elementos.
Las arbitrariedades del juicio demuestran que no se busca justicia sino darle una fachada de legalidad a la investigación de una masacre cuyas causas no están aclaradas.
Por eso duele que cinco compatriotas lleguen a cumplir un mes en huelga de hambre sin que los poderes del Estado se inmuten.
El error de los huelguistas es el de ser paraguayos.
Si hubieran sido de la oposición venezolana tendrían mejor prensa, parlamentarios que se rasgaran las vestiduras y políticos de todos los colores haciendo fila para visitarlos.