Los escándalos de corrupción no deben ser utilizados para retroceder en el camino andado, aunque son una razón suficiente para hacer transformaciones profundas en las políticas y castigar con dureza a los culpables.
El argumento de que porque las cosas no funcionan hay que eliminarlas no tiene sustento jurídico ni ético. Las autoridades y responsables técnicos de la gestión pública deben garantizar la implementación eficiente, eficaz y transparente y en casos de sospecha de corrupción o desidia, deben impulsar las medidas que sean necesarias para castigar a los culpables.
La supuesta declaración de una autoridad de que el almuerzo escolar debía eliminarse de las escuelas por su mala administración puso en el debate un principio básico de los derechos humanos que es el de no retroceso.
El derecho a una alimentación sana debe ser garantizado. El almuerzo escolar constituye una de las estrategias implementadas en Paraguay para hacer efectivo ese derecho. Que se haya hecho mal no debe servir de excusa para dar pasos atrás sino para mejorar la gestión. Mientras persistan la pobreza, los bajos ingresos laborales y los problemas en la economía campesina, el desayuno y el almuerzo escolar serán necesarios para paliar el hambre de niños y niñas, mejorar el aprendizaje, reducir la deserción escolar y prevenir enfermedades.
Es más, los programas de alimentación escolar deben superar la focalización y pasar a ser universales. Todos los niños y niñas que asisten a la escuela pública o a escuelas subvencionadas deberían contar con estos programas. Si los recursos disponibles actualmente se utilizaran bien, con una planificación basada en datos ciertos sobre el número de niños y niñas en cada escuela, el ausentismo, los días de asueto y sin corrupción ni sobrefacturaciones, los resultados positivos se verán en el corto, mediano y largo plazo.
No hay que ir lejos para encontrar casos exitosos, donde además de la provisión de alimentación escolar, a partir del cumplimiento de este derecho se fomentan otras estrategias que dinamizan las economías locales, como es el caso de las compras públicas de la agricultura familiar. El Brasil es un excelente ejemplo de este tipo de políticas.
Es una lástima que existiendo los recursos, programas exitosos en los países vecinos y la potencialidad de dinamizar la economía local a partir del uso de alimentos proveídos directamente por las fincas de la agricultura familiar, el sector público no sea capaz de implementar con éxito una política tan relevante para el bienestar de niños y niñas en el presente y el desarrollo del país a mediano y largo plazo.