Por Édgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
Los abusos de la prisión preventiva y la falta de una estructura para albergar a los 1.236 internos, de los cuales solamente 134 tienen una condena, revelan que la situación en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (CDE) no cambió, a pesar de las ampliaciones físicas, atendiendo a los datos que posee el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la tortura y malos tratos.
Una penitenciaría manejable debe albergar entre 500 y 600 personas solamente, según Roque Orrego, del MNP. Esto indica que para el Alto Paraná se necesitaría construir al menos 2 cárceles modernas y no una, tal como pretende construir el Ministerio de Justicia en los próximos años, para lo cual ni siquiera posee presupuesto.
En todo el país, en los últimos 15 meses, fueron encerrados con prisión preventiva más de 1.300 procesados, en el momento en que existe una sobrepoblación del 104%, equivalente a unos 3 mil internos, lo que indica que el Estado paraguayo debería estar construyendo 10 cárceles para el año que viene, para mantener en condiciones dignas a los internos, según el cálculo estimativo realizado por Orrego.
El comisionado afirmó que no existe presupuesto público que aguante semejante nivel de encarcelamiento, aunque muchos siguen pensando enviar a más gente con más tiempo a la cárcel, como si fuera esa la solución.
El Mecanismo está preparando una tercera visita al penal de Ciudad del Este, para interiorizarse mejor de algunos casos observados, para realizar una recomendación a las autoridades sobre la situación infrahumana de vida que se lleva hoy en las penitenciarías y otros, como el calabozo de la Jefatura de Policía del Alto Paraná.
“Es un trabajo de construcción social, el establecer un poder ciudadano que exija que estas recomendaciones se cumplan. Nosotros no tenemos el poder directo de intervenir y establecer, sino hacer visible, exigir a las autoridades que estas políticas se cumplan, pero quienes deben establecer son el Ministerio del Interior y el Parlamento”, afirmó Orrego.
Reconoció que es un trabajo de largo alcance, pero sostuvo que no se puede seguir haciendo y pensando mágicamente que mandar a la cárcel a los sospechosos va a dar seguridad, porque eso lo único que va a hacer es aumentar la violencia, la exclusión y la marginación de esa gente, y esa gente que le tratamos violentamente nos va a devolver más violencia, según su versión.
ABUSO. El abuso de la prisión preventiva es un acto cotidiano del abuso de poder que se da en esta zona del país. Los datos fueron levantados en entrevistas con abogados, pero aún está pendiente una reunión con los magistrados.
La delincuencia se debe enfrentar a partir de la ley y nunca fuera de la ley, pero al permitir que las autoridades actúen fuera de ella en persecución de la delincuencia, estamos permitiendo que estas autoridades cometan delitos, abusos de poder de las cuales mañana también nosotros podemos llegar a ser víctimas, según Orrego.
Para el comisionado, el Estado debe proporcionar espacios para que los reclusos accedan a oportunidades de capacitación, revisión o tratamiento penitenciario, para evitar que las personas que entran, salgan aún más violenta, al sostener que no se puede construir políticas de seguridad con un encierro en ámbitos inhumanos.