El análisis deberá correr por cuenta del Congreso Nacional y la intención de la cartera fiscal es que las medidas contempladas en el Proyecto sean implementadas en el segundo semestre del presente año, que incluyen acciones para atender la crisis sanitaria, mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación de la economía.
De acuerdo con las intenciones, para financiar los programas se utilizarán los recursos disponibles en el presupuesto mediante la reasignación y se generará mayor eficiencia en su utilización a través de una racionalización, por lo que no se contempla un nuevo endeudamiento.
Algunas medidas consignadas en el proyecto son prohibir llamados y adjudicación de provisión de servicios de catering, prohibir la adquisición de equipos de transporte, reasignación de partidas presupuestarias, suspender programa de retiro voluntario y suspender política de desprecarización salarial.
También se contempla suspender aumento salarial, suspender o diferir pagos de cualquier índole, suspender nuevos nombramientos, promociones y contrataciones, así como prohibir modificación de las estructuras orgánicas y funcionales de los organismos y entidades del Estado.
De acuerdo con datos que ya fueron públicos, la implementación del programa va a demandar unos USD 365 millones, que serán cubiertos con USD 90 millones por la reasignación de recursos, USD 25 millones con bonos del Tesoro y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); además de USD 250 millones con los derechos especiales de giros (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los fondos distribuirán de la siguiente forma: USD 264 millones para salud y programas sociales y USD 45 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para subsidio a trabajadores formales suspendidos.
La Cifra
365 millones
de dólares se necesitarán para implementar el proyecto de consolidación económica y contención social.