Estas pruebas guardan relación con las boletas de pago anuladas del sistema, que señala en su conclusión el informe de la intervención a la administración del Intendente Gómez. Esto significaría un daño patrimonial de G. 15.000 millones y una estafa a miles de contribuyentes que abonaron sus impuestos.
El concejal Nelson Medina afirmó que la intención de las anulaciones era desviar los fondos municipales y afirmó que las pruebas presentadas son de una investigación paralela hecha por la Junta Municipal de Lambaré.
Los ediles acompañados de su asesor jurídico presentaron en Fiscalía la ampliación de la denuncia contra el intendente, Armando Gómez, su ex administrador Roberto Paredes y el tesorero Rodrigo Portillo.
“Acercamos pruebas contundentes, relacionadas a las boletas anuladas, después de que el contribuyente pagara su impuesto a la construcción, patente al rodado, agente inmobiliario y a la aprobación de planos”, dijo Medina.
Las boletas anuladas, según el concejal, son de montos elevados de G. 6 a 7 millones hasta 80 millones. Estas eran suprimidas hasta después de una semana y no ingresaban a las arcas municipales.
Informe. El interventor de la Municipalidad de Lambaré, Amancio Rivas, presentó el miércoles las conclusiones de la intervención de la Municipalidad de Lambaré, donde se resalta la suma total del faltante de G. 148.000 millones, una parte corresponde a la administración de Roberto Cárdenas y otra a Armando Gómez
El informe señala que en la administración del intendente Gómez, hoy separado de las funciones por la intervención, el daño patrimonial fue de G. 59.000 millones en diversos conceptos que afectan a varios rubros que hacen referencia al presupuesto del Municipio, como así también a obligaciones de la intendencia para con otras instituciones.
Rivas explicó que de esto, 15% corresponde a la transferencia en concepto de impuesto inmobiliario a la Gobernación de Central y 15% de ese mismo concepto al Ministerio de Hacienda.
También está la no transferencia que debió hacerse en su memento a la caja de jubilados y pensionados del personal municipal, se hizo la retención de aporte personal pero no el depósito, que por ley se debió hacer.
El interventor destacó la denuncia hecha por los concejales sobre la caja paralela de recaudación, dijo que sirvió a los auditores de base para la investigación. Los auditores informáticos pudieron recuperar del sistema información de las boletas anuladas del pago de impuestos que ascienden a G. 15.000 millones.
Desde la intervención la recaudación de G. 40 a 50 millones por día, pasó a 100, 150 hasta G. 400 millones.
Amancio Rivas,
interventor.