Luis Bareiro y Rino Giret
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El nuevo director jurídico de Itaipú, Eusebio Ramón Ayala, dijo que el contrato que suscribió la Caja de jubilados de la entidad con el abogado Rafael Fernández por cuatro millones de dólares, más comisiones, “raya lo delictual”.
El exfiscal fue contratado el pasado 18 de mayo para iniciar acciones judiciales y extrajudiciales con el fin de recuperar los 121 millones de dólares que la previsional colocó en supuestas inversiones internacionales, y buscar la condena de los responsables, si es que hubo dolo en la operación.
El contrato suscrito originalmente por Gustavo Paniagua, presidente de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), y Fernández establece plazos en los que el abogado debe cobrar sus honorarios, pero no determina que los pagos estén atados a determinados resultados. Así, y siempre de acuerdo con el documento, Fernández puede no tener resultado alguno, pero igual habrá de cobrar sus sustanciosos honorarios.
El contrato habla además del pago de una comisión de 7,5 por ciento sobre todos los montos recuperados, judicial o extrajudicialmente.
El monto total que se encuentra bajo riesgo es de 120 millones de dólares, lo que supone que esta comisión puede llegar -si se recuperara por esta vía todo el dinero- hasta los nueve millones de dólares.
LO QUE YA SE PAGÓ. Tal como fue redactado el documento, el exfiscal cobró medio millón de dólares apenas por suscribir el contrato; y debe recibir otros 3,5 millones en un periodo de dos años y medio.
Este documento fue suscrito siendo aún director paraguayo de la Binacional Efraín Enriquez Gamón y director jurídico de la hidroeléctrica el abogado Diego Bertolucci.
El escenario cambió tras la destitución del presidente Fernando Lugo y el reemplazo de Enriquez por Franklin Boccia y de Bertolucci por Eusebio Ramón Ayala.
Apenas tuvo una copia del contrato, Ayala criticó duramente las condiciones excepcionales establecidas en favor del abogado.
Ayer, en comunicación con Radio Monumental, dijo que para investigar un escándalo -lo que se hizo con las supuestas inversiones de Cajubi en el exterior- se dio pie a otro escándalo, “la suscripción de un contrato leonino, un documento que raya prácticamente lo delictual, y todo bajo el argumento de que con ello se garantizaba el rescate de los fondos”.
La intervención de Ayala se debe a que, de acuerdo con el polémico contrato, quien debe correr con todos los pagos, incluyendo la subcontratación de otros abogados, dentro y fuera del país, y de todos los gastos que suponga litigar en el exterior, es Itaipú. De hecho, Paniagua remitió una nota al entonces director paraguayo de la Binacional, Enriquez Gamón, un día antes de la firma del contrato pidiendo con urgencia el medio millón de dólares que se entregó anticipadamente a Fernández.
IMPUTACIONES. Hasta el momento, el Ministerio Público realizó cinco imputaciones por diferentes remesas de los fondos de Cajubi. Fernández había dicho que esto había sido un logro suyo e incluso señaló que podía solicitar que se regulen sus honorarios sobre los montos reclamados en cada caso.
Al respecto, Ayala señaló que esas imputaciones son una consecuencia de las denuncias periodísticas y del trabajo de los nuevos fiscales que tomaron cada uno de los casos. Recordó que mucho antes otro abogado de Cajubi, Gustavo Gorostiaga, ya había presentado denuncias documentadas ante el Ministerio Público. “Y este abogado no cobró ni una mínima parte de lo que se propone en este contrato”, dijo.
CAMBIOS. Tanto el presidente de Cajubi como el propio Fernández vienen hablando de una modificación substancial al contrato original. Hasta ahora, empero, el documento no se dio a conocer públicamente.
Ayala dijo ayer que, si bien no tuvo a la vista el contrato modificado, lo que le dijeron de él no le resultó convincente.
En el contrato original se hablaba de recuperar los fondos de Cajubi, lo que supone acciones civiles.
Según algunas fuentes, empero, el nuevo contrato habla solo de resultado en el fuero penal.