Las denuncias contra el defensor del Pueblo Miguel Godoy apuntan a que convirtió la Defensoría del Pueblo en un ente recaudador, con marcadas acciones irregulares. Una de las más relevantes tiene que ver con el esquema de cobranzas de indemnizaciones de víctimas de la dictadura, que ya recibieron el pago años atrás, pero vuelven a cobrar mediante gestión de la institución, que reactiva los casos.
Esta situación fue reflejada en el libelo acusatorio que respalda el pedido de juicio político presentado contra Godoy en la Cámara de Diputados.
La abogada Diana Vargas señaló que el defensor montó un esquema de gestores que solamente se dedican a emitir algo que se llama “reconsideración”, que es otra manera irregular de recaudar. Se trata del cobro de indemnizaciones de víctimas de la dictadura.
“Cómo funciona, la víctima, por ejemplo, ya cobró hace 10 años y la resolución decía que le correspondían 1.000 jornales, el defensor hace que 10 a 15 años después, esa misma gente presente una reconsideración, alegando que no se le pagó todo el monto, entonces vuelven a sacar 1.000 jornales más”, explicó Vargas, quien además presentó una denuncia penal contra Godoy por cobros irregulares a objetores de conciencia. La abogada sostiene que el negocio real del defensor está en el cobro de indemnizaciones.
“Es un negocio muy grande porque estamos hablando de millones de guaraníes. Realmente su negocio está ahí, porque él (Miguel Godoy) montó un esquema de gestores que solamente sacan la reconsideración”, subrayó.
En el libelo se menciona igualmente que el sistema de atención a víctimas es pésimo y nunca fue mejorado.
“Solo funciona una central telefónica que no puede derivar la llamada a los delegados encargados de la tramitación de dichos expedientes. Lo referido genera la necesidad de que los que viven en el interior o incluso algunos que viven en la ciudad de Buenos Aires, deban trasladarse hasta Asunción a realizar el monitoreo o conocer el avance de su expediente, lo cual además propicia la necesidad de contratar a gestores, realidad que hace oneroso un trámite que debiera ser gratuito”, expresa.
Apunta que el esquema planteado por Godoy preferencia las solicitudes de reconsideraciones en cuanto al monto otorgado, por sobre los pedidos aún sin resolución, a pesar de los altos índices de mora.
“Se da trámite y se resuelven recursos de reconsideración a expedientes cuyas resoluciones que fijan montos ya fueron resueltos hasta hace 16 años atrás. Llama la atención que en todos los casos se resuelve, sin más trámite, el aumento del monto original en concepto de indemnización asignada”, indica.
En el escrito se destaca que aumentan los gastos del Estado, reviviendo casos que ya fueron indemnizados, cuando, en contrapartida, se tiene deambulando a víctimas con avanzada edad que aún no poseen una expedición sobre sus casos.
El manejo arbitrario de las indemnizaciones a víctimas de la dictadura por medio de “esquema de reconsideración” de pagos ya realizados en años anteriores, que devienen en aumento de jornales para la misma víctima, es el punto dos del libelo.
3.000 jornales es el monto que alcanzan a cobrar descendientes de víctimas, 500 más de lo establecido, denuncian.