Cuidacoches se adueñan de las calles ante descontrol municipal

A diario, miles de conductores se exponen a la coacción y agresividad de muchos de estos trabajadores, quienes se apropian de estos espacios públicos. El senador Jaeggli plantea crear una normativa al respecto.

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La mayoría de los conductores que asisten a espectáculos deportivos, culturales o sociales se vieron afectados en algún momento por la coacción o la agresividad de los cuidadores de autos al momento de estacionar sus rodados.

La falta de control por parte de la Municipalidad de Asunción, y el poco apoyo de la fuerza del orden en torno a estos trabajadores informales, expone a los automovilistas a pagar entre G. 10.000 y 15.000 por dejar sus vehículos estacionados en un espacio público.

Esta situación se da preferentemente por la noche, ya que en ese horario, la Comuna capitalina no cuenta con un plantel de agentes municipales que patrullen las arterias. De hecho, el municipio solo tiene la insuficiente cantidad de 300 inspectores para cubrir toda la ciudad.

En algunas zonas asuncenas, los mismos cuidaautos bicicletean las boletas oficiales expedidas por la institución municipal, haciéndolas circular de automóvil en automóvil durante toda la jornada.

PROYECCIÓN. El senador Alfredo Luis Jaeggli anunció la presentación de un proyecto de ley que apunta precisamente a subsanar esta delicada situación, eliminando las cuadrillas de cuidacoches y limpiavidrios, atendiendo que -en muchos casos- la violencia de estos representa un peligro para la población.

La pretendida normativa apunta igualmente a materializar un censo de esa gente, puesto que a la fecha se desconoce la cantidad exacta de la que se dedica a esta actividad en las calles del país.

Jaeggli propone potenciar a la Secretaría de Acción Social para ejercer una fiscalización más efectiva sobre quienes se encargan de cuidar los automóviles en las zonas de gran afluencia de personas.

El legislador, en medio de sus argumentaciones, critica duramente a las oenegés que trabajan con niños de la calle por recibir montos millonarios en dólares y no erradicar el problema de estos menores.

El mismo incluso calificó de “hienas” a las autoridades de estas organizaciones.

ADMISIÓN. La intendenta Evanhy de Gallegos reconoció que la institución a su cargo no tiene ninguna ordenanza referida a la problemática de los cuidacoches y limpiavidrios.

Al respecto, la jefa comunal sostuvo: “No tenemos ningún control sobre ellos. Y aún cuando tengamos alguna ordenanza, cómo se soluciona el drama de profunda pobreza. No hay normativa que pueda atender todo eso”.

“Lo que tenemos que eliminar -agregó- es la pobreza. Es un problema de falta de atención del Estado hacia esos sectores vulnerables”, afirmó.

El dominio absoluto de las calles por parte de los cuidaautos se ejemplifica en el plan de extender el estacionamiento tarifado a la zona del Poder Judicial, en Sajonia, donde los trabajadores dijeron que no lo permitirán y que cuentan con apoyo de abogados y jueces.

EXPERIENCIA DE SOLUCIÓN FUE FALLIDA

La intención de censar a los trabajadores de la vía pública, entre ellos cuidacoches, limpiavidrios y vendedores ambulantes, fue hecha por la administración del anterior intendente, Enrique Riera, sin resultados positivos.

En ese tiempo se realizaron numerosas reuniones entre técnicos de la Municipalidad de Asunción y del Ministerio del Interior, de las cuales también participaron las personas que se dedican a esta actividad en las calles de la capital.

El objetivo era conocer el número exacto de los individuos que realizan sus tareas en las arterias de la ciudad, de manera a entregarles chalecos numerados para que la ciudadanía pueda identificarlos a la hora de estacionar sus vehículos.

Para ello se iba a solicitar el apoyo de empresas privadas que financien la confección de estas prendas, ya que en aquella oportunidad las autoridades comunales argumentaban que no tenían el presupuesto necesario para ello.

Los cuidadores de autos que acudieron al llamado de las instituciones mencionadas señalaban que el monto que debía entregar un automovilista era voluntario, pero admitían que existían grupos que sí establecían de forma irregular cobros de entre G. 10 mil y 15 mil.

Esta situación se mantiene en la actualidad, ya que la administración comunal no dio continuidad a estos trámites.

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