En una audiencia especial celebrada hoy en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, el Estado expuso sus excepciones preliminares para tratar de evitar que sea elevado a juicio este caso. La Corte tomará una decisión en los próximos meses.
En la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la corte, se acumulan ocho procesos que involucran a 17 sentenciados por diversos delitos.
“Al Estado costarricense le preocupa sobremanera que este caso haya sido sometido con irregularidades procesales. Estamos convencidos de que en la forma en que se somete el caso y con lo que busca la comisión que se resuelva, se pone en juego la estabilidad del sistema de justicia de Costa Rica”, dijo en la audiencia la representante del Estado, Gioconda Ubeda.
Ubeda afirmó que el fondo de esta demanda ya fue resuelto por la CorteIDH con el caso “Herrera Ulloa”, por el que sentenció a Costa Rica en 2004. En 2010, los jueces determinaron que el Estado cumplió totalmente el fallo.
En esa sentencia la CorteIDH ordenó a Costa Rica establecer un recurso de apelación de sentencias en segunda instancia posterior al de casación.
“Por qué ante un cumplimiento claro establecido en 2010 en el caso ‘Herrera Ulloa’ se reabre la discusión sobre el mismo tema y en un caso irrazonablemente acumulado”, expresó Ubeda.
El Estado costarricense criticó a la CIDH por acumular ocho casos diversos en una sola demanda y aseguró que lo hizo “sin analizar” cada uno de ellos y violando el derecho de Costa Rica a la defensa.
Ubeda aseguró que la acumulación tiene “grandes vacíos jurídicos e irregularidades” y señaló a la CIDH por “no constatar evidencia de violaciones” y porque “debió establecer las violaciones en cada caso con su naturaleza y gravedad”.
Los ocho casos tienen que ver con personas condenadas antes de las reformas legislativas que establecieron el recurso de apelación en segunda instancia.
El representante de la CIDH, José de Jesús Orozco, explicó hoy a los jueces que los 17 involucrados en la demanda sufrieron la “violación a una garantía fundamental del debido proceso penal: el derecho a recurrir el fallo”.
“Todos fueron condenados bajo regímenes penales cuyo único recurso era el de casación, el cual no permitía una revisión integral del fallo condenatorio porque impedía impugnar cuestiones de hecho”, declaró Orozco.
El representante de la CIDH argumentó que esta demanda no se contradice con el cierre del caso “Herrera Ulloa” contra Costa Rica y defendió la figura de la acumulación de casos prevista en el reglamento de la entidad.
El abogado Víctor Rodríguez, representante de una de las supuestas víctimas, expuso ante los jueces las razones por las que considera que el caso debe ir a juicio.
“El caso está bien acumulado, no se debe separar. El criterio de acumulación se refiere a problemas estructurales del sistema penal costarricense”, afirmó Rodríguez.
El abogado dijo que las reformas legales introducidas por Costa Rica y avaladas por la CorteIDH en 2010, no tienen un efecto retroactivo para personas que fueron condenadas con anterioridad y que no tuvieron la oportunidad de acceder a un recurso de apelación ordinario en segunda instancia.
Los demandantes de este caso son Manfred Amrhein, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo, declarado en quiebra en 1994.
Además, Rafael Rojas sentenciado por uso de documento falso, los colombianos Carlos Eduardo Yépez, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Antonio Valverde (narcotráfico); Jorge Martínez (desvío de fondos públicos), Guillermo Rodríguez y Martín Rojas (delitos sexuales); Manuel Hernández (violación a un menor de edad).
También Miguel Mora (narcotráfico) y Damas Vega (tentativa de homicidio calificado y robo agravado).