Contraloría detecta irregularidades en gestión de entes públicos

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Irregularidades en torno a procesos contables y de gestión detectó recientemente la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, en ministerios y entidades el Estado, durante el ejercicio 2021.

Por ejemplo, se constató que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), de enero a marzo de ese año, otorgó subsidios por G. 677 millones a empresas de transporte, a pesar de sus licencias vencidas; mientras que de abril a junio dio subsidios por G. 26.671 millones a empresas que no tenían cantidad mínima de dos conductores por cada vehículo.

Además, 15 inspectores generales de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera, beneficiados por un permiso especial, percibieron sueldos mensualmente por G. 4.672 millones; los mismos no prestaron servicios operativos ni registraron asistencia, según la CGR.

En un dictamen “con salvedad” respecto del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Contraloría indica que G. 340.956.335 no fueron regularizados y afectan a la cuenta Existencia de Bienes de Consumo-Combustibles al 31-12-21, y que data de 2014.

También G. 670.766.997 de Bienes de Uso que aún se encuentran en el depósito ya fueron registrados en la Cuenta del Activo Fijo, debiendo ser registrados en la cuenta Existencia de bienes de uso, por lo que el saldo en el Balance General es incorrecto.

Para el Mitic el dictamen es “no razonable”, puesto que el saldo de G. 290.552.655 de la cuenta Venta de Servicios no está expuesto correctamente en el balance general. En tanto que G. 184.430.616 fueron expuestos de manera incorrecta en el balance general, y corresponden al saldo de la cuenta Venta de Servicios.

“Cuentas a cobrar pendientes de cobro en gestión judicial, no fue expuesta en el balance general por G. 437.840.500 ni relevados en las notas a los estados contables”, expresa igualmente la Contraloría.

Por otra parte, en la licitación para cambio de tuberías en red de agua potable, extensiones para anillado y red de sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción, correspondiente a la Essap, la CGR observó una diferencia mayor a G. 261 millones entre el monto pagado y el valor de lo efectivamente ejecutado. No se consideró importancia para protección de cañerías y accesorios, según el ente contralor.

Se recibieron además tramos sin que estos estén terminados, pero se certificaron y pagaron por adelantado por G. 3.823 millones; además de observarse falta de compactación adecuada de las piedras del empedrado, reposición de asfalto sin barrido necesario, y otras falencias.


las cifras
667 millones
de guaraníes hubo de subsidio a transportistas, a pesar de estar sus empresas con licencias vencidas.

3.863 millones
de guaraníes pagaron por adelantado y fueron certificados por Essap, respecto de tramos que aún no estaban terminados.


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