Desde julio de 2019, la autoridad de aplicación de la Ley 4956/13 de Defensa de la Competencia procesa la solicitud de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y a partir de este año empezó a pedir datos tanto a este gremio como a la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), al Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) y miembros de la Cámara Paraguaya de Carnes.
La sospecha de la ARP es que hay una concentración en la compra de animales y un abuso de la posición dominante que distorsionan los precios que se pagan por ellos. Actualmente cada kilogramo de novillo cuesta USD 2 por kilogramo al gancho, monto que para los ganaderos no cubre los costos producción.
Los avances del trabajo que lleva adelante Conacom fueron presentados a los senadores Fidel Zavala y Fernando Silva Facetti en la primera semana de mayo. En el documento se menciona que se recurrieron además a las empresas exportadoras de carne que en marzo faenaron casi 161.000 cabezas de ganado. Ellas son: Neuland, Guaraní, Concepción, Frigochaco, Chortitzer y Athena Foods, que aglomera a cuatro plantas.
“Nosotros pedimos mucha información para entender cómo funciona el mercado, cuáles son las relaciones que existen entre la industria y la producción, cómo se da esa relación de compra venta de insumos”, explicó al respecto el director de Investigación, Gustavo Benítez.
Adelantó que los resultados preliminares podrían estar listos aproximadamente en un mes y medio.
Este proceso coincidió con la pandemia del Covid-19, que llevó a la creación de una comisión interinstitucional para monitorear los precios de la canasta básica.
Como la Conacom también conforma ese grupo, había solicitado datos a los mismos frigoríficos, pero también a los supermercados que venden los productos cárnicos.
El conflicto por los precios que paga la industria a los ganaderos se va agudizando mientras sigue el trabajo de recolección de datos para determinar si hay una distorsión en los precios.