Un nuevo caso de mala administración de los fondos públicos, que ocasiona graves perjuicios al Estado y a los intereses de la ciudadanía, ha sido detectado en un reportaje investigativo publicado por periodistas de este diario y del canal Telefuturo.
El trabajo periodístico reveló que durante el gobierno del actual presidente Horacio Cartes, la Policía Nacional llegó a gastar casi un millón de dólares en la adquisición de un sistema informático para el Departamento de Identificaciones, pero que hasta ahora no se llegó a implementar. Como un hecho aún más irregular, la institución policial ha quedado debiendo a la empresa proveedora un monto de 5.000 millones de guaraníes, lo que expone a una demanda por incumplimiento de contrato.
Este caso se inició en el 2014, cuando el entonces comandante de la Policía Nacional, comisario Francisco Alvarenga, firmó un contrato con la empresa Winner SRL, que resultó adjudicada con una licitación para proveer un software de identificación de ciudadanos, que debía convertirse en la nueva plataforma informática de Identificaciones de la Policía.
Cabe recordar que Identificaciones se venía manejando con un sistema informático donado por la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid), el cual ya ha quedado desfasado y requería una urgente modernización. Ante esta situación, se decidió comprar un nuevo software a través de una licitación. Con una oferta por G. 10.000 millones, la empresa Winner SRL resultó finalmente adjudicada.
A partir de ese momento, la Policía Nacional pagó 5.000 millones de guaraníes, aproximadamente 900.000 dólares, y la empresa hizo entrega de programas fuentes a la institución, además de realizar la migración de los datos existentes en la plataforma anterior y capacitar a los funcionarios policiales que están a cargo de la emisión de documentos, donando además equipos informáticos a la Policía, pero como no se pagó la mitad restante, el nuevo sistema informático nunca se llegó a implementar y el plazo de garantía contractual ya venció en abril del 2017.
Como consecuencia de este impase, hasta ahora los funcionarios del Departamento de Identificaciones deben continuar utilizando la misma plataforma informática que fue donada por la Usaid en el 2009, al que los expertos ya consideran obsoleta.
Lo ocurrido constituye otro claro ejemplo de cómo se desperdician los fondos públicos ante la ineficiencia en la gestión, causando un grave perjuicio al Estado y a la ciudadanía. Es urgente que los organismos de control abran una investigación al respecto y determinen las responsabilidades de quienes permitieron esta situación, imponiendo las sanciones que correspondan. Basta de tirar el dinero público en equipos y sistemas que no se utilizan, existiendo tantas otras urgentes e importantes necesidades.