La baja ejecución presupuestaria de instituciones que proveen servicios indispensables para la calidad de vida como salud, educación, vivienda, agua potable, agricultura no debe ser visto solo como un problema administrativo o financiero. Las consecuencias no son menores y no se limitan a un porcentaje y a la conclusión de que existen problemas de gestión en el sector público.
La baja ejecución tiene un factor común en todas las instituciones. Se ejecutaron salarios y en muchos casos gratificaciones, pero no se ejecutan otros rubros. Esta situación provee alertas hacia temas que están en el debate público. En primer lugar las demandas ciudadanas. El sector estudiantil está peleando por mejorar la infraestructura, dotar de más y mejores insumos como alimentación escolar y libros y mejorar la formación docente. La ciudadanía en general y sobre todo la que sufre alguna dolencia se queja de la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, del hacinamiento y de las deficiencias en la infraestructura sanitaria.
La producción campesina se encuentra en permanente crisis ante el contrabando y la falta de apoyo estatal para la generación de mercados locales y regionales y las deficiencias en la infraestructura vial que le permitan disminuir costos y tiempo de traslado de sus productos. Ni hablar del déficit de vivienda, tanto en número de viviendas como en calidad de las que existen. Miles de familias, incluyendo niños y niñas, viven en hogares sin acceso a agua potable, red de saneamiento y con servicios sanitarios inadecuados.
En segundo lugar, la baja ejecución cuestiona las famosas gratificaciones otorgadas por supuesto buen desempeño en las áreas administrativas. La pregunta que surge es, cuáles han sido los criterios que justificaron los premios a los funcionarios con funciones administrativas, teniendo en cuenta que gran parte de los recursos ejecutados han sido salarios.
Al mes de julio, el Ministerio de Educación solo ejecutó el 2% en servicios de capacitación y adiestramiento y el 4% en construcciones. El Ministerio de Salud ejecutó el 47%, con una proporción menor de ejecución en servicios de aseo y mantenimiento, construcciones y adquisición de equipos. El Indert ejecutó el 18% en promedio general, con apenas el 4% en compra de tierras. El Ministerio de Agricultura y la Senavitat ejecutaron el 36% del total de su presupuesto. En todos estos casos, el pago de servicios personales –salarios y otros beneficios– han superado el promedio general.
Una gestión pública que paga recursos humanos, pero no complementa la provisión de los insumos y servicios necesarios, la formación y capacitación de sus funcionarios –especialmente en el caso de docentes– y la inversión física tanto en mantenimiento como en nueva infraestructura tiene como resultado ineficiencia y mala calidad. Este resultado no solo se objetiviza en los datos cuantitativos fríos, sino sobre todo en el malestar ciudadano y en la desconfianza hacia las instituciones públicas. Los responsables políticos y administrativos de la baja ejecución presupuestaria tienen que ser conscientes del rol que les toca tener y asumir en consecuencia o renunciar.