Se trata de Arnaldo Báez, quien se presentó con su abogada Maura Ruiz Díaz, ante el juez de Garantías, Humberto Otazú.
El magistrado dispuso el levantamiento de la rebeldía y la captura que pesaba sobre el policía. Luego, dispuso la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En la audiencia, el policía señaló que la notificación fue dirigida a la Comisaría 3ª, Metropolitana, cuando que él presta servicios en la Comisaría 24ª, Metropolitana.
En la audiencia, Báez señaló que en caso del arresto domiciliario, quería quedarse en la citada comisaría, donde incluso residía.
No obstante, el juez dispuso su arresto domiciliario en la casa familiar, en la localidad de Santa Elena, Cordillera, con control aleatorio de las comisarías de esa comunidad y de Itacurubí de la Cordillera.
Además, tiene prohibición de salida del país, y su abogada prestó fianza personal por la suma de 30 millones de guaraníes.
Está imputado por supuesta coacción, debido a que según la Fiscalía, arma en mano, en la madrugada del 1 de abril pasado, obligó a los jóvenes a quedarse cuerpo a tierra, y no les permitió ayudar a Rodrigo Quintana.
La coacción tiene pena de hasta dos años.