Un reciente estudio publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que de la población paraguaya de 25 años o más tan solo 37 personas de cada 100 completaron sus estudios secundarios. El resto –63 por ciento– no ha tenido la oportunidad de acceder a los 12 años de estudios que ha tenido el segmento restante.
Mientras tanto, países iberoamericanos como Chile, Perú, Cuba, España, Argentina y Brasil están por encima del porcentaje de acceso a la Educación Media en Paraguay.
Un aspecto complementario al dato central es lo relacionado a la calidad del gasto público en educación. Cuando en Paraguay se emplea el 20 por ciento del presupuesto nacional en educación pública, la tasa de escolarización es solo del 59 por ciento. En tanto que, por ejemplo, en Argentina se destina al sector un 16 por ciento y el índice de inscripción en la secundaria es del 90 por ciento.
Las estadísticas parten de cifras globales que permiten contar con un dibujo casi enteramente idéntico a la realidad. Desde esa perspectiva es obvio que un elevado porcentaje de la población en edad de escolarización queda fuera de las aulas. Y que el dinero se malgasta, pues aún siendo importante el dinero empleado, 41 de cada 100 personas quedan fuera del sistema.
Las cifras de la OEA tienen que servir no solo para reflexionar en lo mucho que todavía falta por hacer en educación pública para alcanzar la equidad, sino también en la necesidad imperiosa de tomar medidas que apunten a la calidad y a la inclusión social.
Si los programas sociales de lucha contra la pobreza caminan con pies de barro, porque su sustentabilidad en el tiempo es dudosa, hay que considerar que la inversión en educación, aunque de resultados más lentos, es un camino más seguro para que la población excluida ingrese al circuito de un mayor bienestar.
Para que los índices de retención del sistema educativo público se eleven es perentorio insistir más en la lucha contra la pobreza. Muchos abandonan los colegios porque dan prioridad a la lucha por la subsistencia. Si esa retaguardia vulnerable no se transforma en mejores oportunidades para todos, la necesidad de supervivencia seguirá expulsando de las aulas a los estudiantes. La responsabilidad principal para cambiar este injusto estado de cosas está en manos de los gobernantes, pero la sociedad civil debe presionar para que ellos, de una buena vez, asuman el compromiso de apostar a una respuesta integral para la educación.
Hay que impedir que las escuelas se sigan cayendo o que aún haya clases bajo los árboles, pero también hay que tomar otras medidas que se vinculen directa e indirectamente con la educación. La pérdida de tiempo significa retraso para que la mayoría en corto plazo pueda salir de la pobreza.