La bancada Colorado Añetete de la Cámara de Diputados planteará la acusación por mal desempeño de funciones contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para el juicio político.
Referentes de dicho sector expresaron que hoy a la tarde se reunirán los 12 legisladores para consensuar el documento, para posteriormente poner a consideración de la bancada oficialista.
Manifestaron que la intención es contar con una acusación que sea sólida y permita llevar adelante el proceso de enjuiciamiento. El borrador del libelo acusatorio, que será presentado mañana una vez que terminen las conversaciones entre los citados bloques, establece varios puntos como prueba de que el titular del Ministerio Público incurrió en mal desempeño.
En ese sentido señala que una vez conocidos los audios en que se develó la comisión patente de hechos punibles por parte de los agentes fiscales del Ministerio Público (noviembre/2017), el fiscal general del Estado no atinó a tomar iniciativa alguna para sancionar penal o administrativamente a los funcionarios de su institución. “Únicamente se limitó a tomar tibias determinaciones, una vez que los medios de comunicación lo situaron en una patética posición de omitente funcional”, expresa el borrador.
Indica asimismo que durante la administración de Díaz Verón no se conoció de alguna acusación que este haya formulado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y que se limitó a ser un simple espectador de las irregularidades ocurridas en su administración.
Acusan asimismo al fiscal general de debilitar considerablemente la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), forzando la renuncia de su anterior titular, y colocando en reemplazo a su primo, el fiscal Federico Espinoza.
EVITA CONTROL. También como causal de mal desempeño de Díaz Verón mencionan que el fiscal impidió el control de su ejecución presupuestaria por parte de la Contraloría General de la República, por medio de la instauración de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 2248/03.
Otro planteamiento apunta a que el fiscal general no asumió el liderazgo institucional en los fatídicos hechos ocurridos el 31M, permitiendo todo tipo de irregularidades en la gestión de los agentes fiscales. En ese sentido cita que la más patente de todas, fue la ejecutada por la fiscala Raquel Fernández (encargada de la investigación del homicidio del joven Rodrigo Quintana), quien al ser requerida por una diligencia de trascendental importancia para el esclarecimiento de los hechos (pedido de un cruce de llamadas), respondió que ello contribuiría únicamente al morbo colectivo.
Señalan que el titular del Ministerio Público se mantuvo impávido ante semejante despropósito institucional, porque resulta más que evidente que el cruce de llamadas entre los policías involucrados en el homicidio del joven Quintana, hubiera aportado datos de suma relevancia para la determinación de las demás personas vinculadas a la toma de decisión de semejante crimen.