Alberto es docente en el sector público, un día le ofrecieron adherirse a una asociación del trabajo. Le dijeron que con ese sistema tendría la facilidad de sacar productos o incluso préstamos sin más requerimiento que firmar un documento, donde habilite a que le hagan el descuento de las cuotas automáticamente de su salario.
Le pareció fantástica la idea. Inmediatamente, fue y sacó a crédito un televisor plasma que casi duplica su nivel de salario mensual. Jamás preguntó cuánto era la tasa de interés que le iban a cobrar e, incluso, con suerte llevaba la cuenta del plazo que estaría pagando.
Cada mes, algunos de los comercios adheridos al sistema le llamaban para ofrecer productos de promoción; que en realidad, si él se hubiera tomado el tiempo para comparar precios se habría dado cuenta de que la oferta era incluso superior al costo normal en otras casas del ramo. Pero como trabaja de 12 a 14 horas, no tiene tiempo para esas gestiones. Ese dato, los oferentes lo saben perfectamente.
Así seguía firmando y retirando los productos. Hasta que llegó un día en que prácticamente el 95% de su salario estaba embargado. Cuando se dio cuenta, la cuestión se había pasado de manos y entró en desesperación.
Alberto es uno de los miles de funcionarios públicos o privados cautivos de este enorme sistema que factura millones de guaraníes a la sombra.
Estos establecen tasas, plazos y condiciones excesivas sin ningún tipo de control, es más, hasta el propio Banco Central admitió la semana pasada que hay una laguna legal que les permite obrar con total impunidad.
Hace dos meses se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que pretende poner cierto freno a los descuentos compulsivos.
Si se aprueba la ley de libranza, el 25% del salario del trabajador no se podrá tocar, y la empresa, firma u organiza- ción deberá encontrar el meca- nismo para prorratear el pago del saldo restante adeudado.
También ordenaría que las tasas de interés no sobrepasen el límite máximo –no usurario– que mensualmente establece el Banco Central del Paraguay al sistema financiero. Si una persona es despedida, tampoco se le podrá descontar más del 50% de la indemnización en concepto de su deuda.
La ley no será la solución a la grave falta de educación financiera de la población; pero quizás a fin de mes para muchos como Alberto, esta sea una luz al final del túnel.