Los padres de familia de un colegio privado de la ciudad de se manifiestan este domingo frente al Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo, donde llegó la directora, la coordinadora y una docente para su audiencia de imposición de medidas por el caso de a un estudiante de seis años.
Las tres docentes fueron imputadas el sábado por el hecho punible de violación del deber del cuidado.
La directora del colegio también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/ 2019. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todas. El caso ahora está en manos de la jueza Gladys Fariña.
¡Justicia! ¡Ni un niño más! ¡Culpables al Buen Pastor! fueron los gritos de las madres y padres que hacen vigilia frente a la sede del Juzgado de San Lorenzo.
“Estamos todas las madres presentes, hay madres que pasaron por lo mismo que esta madre pasó. Les pedimos apoyo, vengan a acompañarnos”, dijo a Telefuturo una madre muy afectada por todo lo ocurrido.
Indicó que permanecerán en el sitio exigiendo justicia para la víctima y toda su familia.
“Esto no es de ahora, esto es de siempre. Nosotros hablamos por esos niños que no pudieron hablar ni defenderse. Todas las madres estamos muy dolidas y pedimos que vengan a acompañarnos a pedir justicia”, exigió con la voz entrecortada.
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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la resolución número 268, ordenó la intervención del colegio y estableció un plazo de 10 días hábiles prorrogables para la conclusión de la intervención.
El abuso se habría producido el pasado 26 de abril, pero la institución educativa obvió los protocolos, por lo que la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía. La mamá de la víctima aseguró que se buscó encubrir el caso.
Ante todo lo ocurrido, el Ministerio Público realizó allanamientos en el interior del colegio y encontraron objetos que dan certeza de que la víctima no miente.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.