Ruoti calificó la disposición de “medida extrema” y explicó que esta no es la manera de frenar la evasión fiscal, como pretende la SET. Por el contrario, lo que se está haciendo es confundir y hartar a los que ya están pagando sus impuestos. Destacó que la información se tendría que dar solo si se pagó G. 50 millones a una misma persona. No corresponde si es que la suma de gastos no alcanza esa cifra.
Añadió que hay otras medidas que no está cumpliendo la SET y que si se busca el éxito de la normativa, se tiene que aplicar solo a pagos en efectivo y no a las transacciones con cheques.
“A la SET le resulta más fácil que vos informes a que ellos busquen la información. La información para la lucha contra la evasión está, falta completarla con hechos, que todas las facturas estén nominadas, pero no los cheques. Si vamos a empezar con la bancarización de las operaciones, empecemos por lo que verdaderamente es al contado. Creo que es una medida extrema y deberíamos empezar por otras medidas obligatorias. Puede tener el efecto contrario, la gente se está hartando por una mala información”, manifestó.
Agregó que se podría alentar a que los contribuyentes cancelen sus RUC y decidan trabajar en negro, dado que con estas medidas impuestas sentirán que solo se está persiguiendo a los que ya están tributando.
SIN AUTORIDAD MORAL. La abogada tributarista apuntó que la SET no tiene autoridad moral para seguir cargando con más obligaciones a los contribuyentes, cuando se lleva el 50% de las multas recaudadas por la evasión. Dijo que Hacienda y el Congreso tienen que ocuparse de derogar el artículo 239 de la Ley 2421, que se quedó en el año 2004, cuando no había controles informatizados.
“Se estableció en forma transitoria, y quedó para siempre, que el 50% de nuestra plata llevan los funcionarios de la SET para repartirse. Haciendo un cálculo de lo que se publicó la semana pasada, la SET dijo ‘hemos hecho un excelente trabajo, G. 3.700 millones de impuestos hemos recuperado’. Lo que no dijo es que están acompañadas las multas de defraudación e intereses. Ellos por hacer su tarea llevan G. 2.000 millones. Tenemos que exigir como pueblo que eso se derogue”, enfatizó.