“El Paraguay es la tierra sin hombres de los hombres sin tierra”, dictaminaba de modo más literario Augusto Roa Bastos en una de sus célebres novelas, avalando estadísticas que en épocas de la dictadura stronista señalaban que menos del 10 por ciento de la población era propietaria de casi el 90% de las tierras productivas del país.
La Comisión Verdad y Justicia pudo documentar que cerca de 7,8 millones de hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria, con una superficie similar al territorio de Panamá, fueron a parar en manos de amigos del régimen dictatorial, incluyendo a militares, políticos oficialistas, policías y empresarios. Ni una sola hectárea de las llamadas tierras malhabidas pudo ser recuperada, por abierta complicidad del sistema de Justicia, de legisladores y gobernantes de turno con esta situación irregular.
La lucha por la tierra ha ocasionado muertes e incluso caídas de gobiernos, como el tristemente famoso caso Curuguaty, que provocó la destitución por juicio político abreviado del presidente Fernando Lugo, el único mandatario electo que no perteneció al Partido Colorado en casi 70 años de ejercicio del poder. Una investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, titulada Informe Chokokue, documenta 115 casos de líderes campesinos asesinados o desaparecidos en el proceso de lucha por la tierra entre los años 1989 a 2013. La mayoría de estos casos no fueron investigados por la Justicia y permanecen impunes.
El nuevo escándalo desatado en estos días en el Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con la imputación y destitución de su presidente, Mario Vega, y de otros altos funcionarios, por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza y soborno agravado, es solo un capítulo más de una larga historia de negociados mafiosos en torno a las tierras públicas y privadas.
El caso investigado apunta a un supuesto pedido de unos 200.000 dólares a cambio de dar trámite para la adjudicación de 16.000 hectáreas en el Chaco. Además del destituido titular del Indert, el caso involucra al ex director de Asesoría Jurídica, Aldo León, y el ex director de Administración y Finanzas. También están investigados representantes de la oenegé Fundación Cerro Lambaré (Fucela), que habrían recibido 300 millones de guaraníes para construir pozos artesianos sin ninguna documentación que avale dicho desembolso.
En el Paraguay, muchas fincas tienen más de dos o tres títulos de propiedad. Si se tuviera en cuenta la cantidad de tierras anotadas en el Registro de la Propiedad, el país sería dos o tres veces más grande de lo que es. Hasta ahora, ningún gobierno intentó regularizar en serio el caos de las propiedades sin catastrar. Si no se pone fin a la mafia de tierras, seguiremos lamentando conflictos violentos.