En el caso del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuentan ya con una semana de atraso en el pago de salarios de enero, debido a que no se aclara la manera en que se concretarán los recortes a los beneficios extraordinarios, informó Luis Herebia, secretario general del Sindicato de funcionarios de esta entidad.
“Ya teníamos que haber cobrado el 20 (de enero), todavía no recibimos la remuneración. El sistema bancario cobra entre el 20 y el 22 de cada mes su salario mensual, ya estamos retrasados una semana, todo viene junto”, aseveró el sindicalista.
La diferencia salarial con la banca privada es el argumento al que acuden los funcionarios del BNF para justificar la exigencia de seguir recibiendo las polémicas remuneraciones adicionales y amenazan con plegarse a la huelga, en caso de que se les retiren los beneficios como ayuda vacacional, apoyo escolar y bonificaciones.
“Estamos acompañando a los compañeros de las otras instituciones. Consideramos que lo que estamos cobrando es una justa retribución, no estamos viendo desde la óptica que está mirando la opinión pública en general. Contamos con ese estipendio como un derecho adquirido desde hace mucho tiempo y nos vemos en aprietos”, dijo.
Herebia explicó que el banco público se sirve de los pagos extras para poder competir en el mercado financiero y que si se contempla solo los sueldos, la entidad estatal proporciona la mitad de los recursos que reciben los trabajadores del sector privado. Por otro lado, recordó que el BNF logró elevados niveles de rentabilidad en el ejercicio 2019 y que si bien es un ente público, con capital del Estado, generan sus propios ingresos a través de las actividades de intermediación financiera.
En el Banco Central del Paraguay (BCP) también exigen que se abonen las remuneraciones adicionales tal y como está estipulado en la Ley de Presupuesto, aunque en esta entidad las autoridades dejaron por sentado que se respetará el decreto reglamentario, relató Edmundo Quevedo, del sindicato de trabajadores de la banca matriz.
Resultados. El BNF destinó en el 2019 un total de G. 234.859 millones a gastos administrativos para el personal, monto que se encuentra entre los más altos del sistema bancario y en línea con los bancos Itaú y Visión, según registros del BCP.
En cuanto al plantel, el BNF cerró el año pasado con 1.426 trabajadores (el segundo más numeroso); además, se posicionó como el quinto banco de mayor tamaño del país, con activos por G. 11,2 billones, y acumuló utilidades por G. 401.535 millones.
El banco Itaú logró la rentabilidad más elevada, por G. 778.862 millones, con casi la mitad de funcionarios (873) que el BNF.
MAG apunta a una “reingeniería”
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo un recorte en su presupuesto de G. 600 millones en remuneraciones extraordinarias, que con reprogramaciones antes eran direccionados a bonificación por responsabilidad en el cargo. A raíz de la reducción y con una reglamentación poco flexible sobre el uso de los recursos, hay riesgos de que no se completen los pagos en este 2020.
Normalmente los desembolsos por gratificaciones alcanzan hasta setiembre y luego se suele recurrir a la reprogramación con el ahorro en otros gastos correspondientes a horas extras y adicionales para completar hasta diciembre. “Tenemos que hacer alguna reingeniería para poder ahorrar un poco más para poder cumplir con nuestros compromisos”, explicó el director de Finanzas del MAG, Gregorio Lezcano.
Una propuesta para poder ahorrar y cumplir con las gratificaciones es el horario escalonado de funcionarios para no pagar por más de ocho horas trabajadas. Lezcano agregó que en el caso de la institución no hay subsidio familiar ni gratificaciones por antigüedad, pero sí ayuda escolar.
ENTIDADES FINANCIERAS. El presidente del Crédito Agrícola de Habilitación, César Cerini, dijo que la institución paga incluso por debajo de lo que establece el decreto debido a que los créditos presupuestarios son ajustados.
Por su parte, el gerente de Gestión del Fondo Ganadero, Miguel Palma, comentó que el subsidio familiar es de G. 1 millón, por resolución interna, cuando la normativa permite hasta un salario mínimo, mientras que la ayuda vacacional dependerá de la disponibilidad que se tenga a fin de año.