Varios temas de relevancia quedaron en segundo plano y no fueron tratados en el Senado, en vista de que la agenda política incluyó en las últimas semanas el probable proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección que acaparó la atención tanto de partidarios como de detractores.
El hecho de que el proceso de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia no haya llegado a su fin fue una de las deudas del Senado. Así también dejaron sin tratar el pedido de interpelación del jefe de Gabinete presidencial, Juan Carlos López Moreira, además de dejar pendiente la posibilidad de prestar acuerdo para ascensos de militares y policías, entre otros proyectos.
Todos estos asuntos solo podrán volver a ser analizados a partir de marzo del próximo año, cuando culmine el receso parlamentario que comienza oficialmente el miércoles.
El juicio político a los tres ministros de la Corte Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay no llegó a tener veredicto, ya que los senadores dejaron en el freezer la prosecución del litigio, tras haber escuchado la defensa de uno de los ministros, Sindulfo Blanco.
CAUSALES. Las principales causales que encontraron los fiscales acusadores fueron: mal desempeño de funciones, prevaricato, entre otros. El pedido data de 2014.
En cuanto a los ascensos que esperaba el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quedó sin tratarse en la última sesión ordinaria del año. Algunos propuestos por el Ejecutivo tienen serios cuestionamientos.
Entre los pedidos de ascensos figuran los nombres de más de cien militares y agentes de las fuerzas de seguridad.
En filas de la Policía hay mucho descontento por la forma en que se maneja la Comandancia en el tema de las movidas.
Cerca de 60 militares de todas las armas también esperan su ascenso.
Otro punto polémico que ingresó al Senado, pero no tuvo definición aún, fue el pedido de interpelación presentado por Miguel López Perito, Emilia Alfaro de Franco, Fernando Lugo, Eduardo Petta San Martín, Óscar Salomón, Desirée Masi y Sixto Pereira ante serias acusaciones que vinculan al secretario Juan Carlos López Moreira con hechos irregulares.
El pasado viernes 25 de noviembre los senadores solicitaron al pleno la interpelación de la mano derecha de Cartes, luego de haber conocido su vinculación con una empresa que concretó 35 multimillonarias obras con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La firma de López Moreira aseguró obras públicas a pesar de no tener rentabilidad y contar con una pésima calificación en comparación con el resto de las empresas del mercado.
López Moreira es poseedor de acciones valoradas en 5 millones de dólares en la compañía President Energy, la principal buscadora de petróleo en el Chaco.
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia se volvió accionista de la multinacional en el 2014, tras vender las acciones que tenía en la firma LCH SA.
A la par, López Moreira es coordinador de la política energética del país desde octubre de este año.