En estos días se pone bajo la lupa a los que se candidataron para el cargo de fiscal general del Estado, quien es titular de una de las instituciones más importantes del país, encargado de la persecución penal pública y la defensa de la ciudadanía.
“El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley”. Esto dice el artículo 266 de la Constitución para darnos una idea de lo que representa.
Es electo por el presidente de la República de una terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Dura cinco años y tiene inamovilidad, por lo que solo puede ser removido mediante juicio político. Como su elección se da a mitad de mandato del presidente que lo elige y abarca la mitad del próximo jefe del Ejecutivo, en teoría, debe tener la libertad de investigar tanto al primero como al segundo. De ahí que juega un papel clave.
Justamente, por lo fundamental del cargo es que varios actores sociales ponen especial cuidado en la elección del fiscal general, al punto de hacer incluso conversatorios especiales sobre el tema para presentar algunos puntos que creen debe tener el que ejerce este cargo.
Es que el titular del Ministerio Público, además de honesto, debe ser valiente para no temer investigar a quien sea, debe favorecer la transparencia con la ciudadanía, que se da especialmente hablando con la prensa, ya que es la que ejerce el control, algo esencial para la democracia.
Es que la actual fiscala general no tiene esta virtud, por lo menos, no habla mucho, lo que la hace blanco de muchas críticas, además de sus actuaciones totalmente contradictorias, ya que investiga a algunos (incluso los persigue), y deja impunes a otros, especialmente del grupo del presidente que la eligió.
Por esto es que la elección del nuevo fiscal general debe ser prioridad y con buenos candidatos. Sin embargo, como siempre pasa, las sombras de duda se dan sobre el Consejo de la Magistratura, que es la institución encargada de la elección de la terna.
Por más que no lo queramos reconocer, es evidentemente una elección política, ya que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen un alto componente político, lo que trae más sospechas.
De un total de 53 candidatos que se presentaron, 2 renunciaron y nada menos que 15 fueron rechazados por no cumplir supuestamente con requisitos tales como acreditación de títulos o informes actualizados de la Corte sobre si tienen sanciones.
El artículo 267 de la Constitución dice: “Para ser fiscal general del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, haber ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial”.
Evidentemente, que estos registros de títulos o informes de falta de sanciones no están entre los requisitos establecidos por nuestra Ley Suprema, por lo que estos puntos fueron puestos por el Consejo de la Magistratura.
La cuestión es que en caso de duda, lo ideal sería la participación, como se da en el caso del voto, por lo que excluir a los candidatos, varios de ellos muy buenos por estas cuestiones burocráticas no está bien. Si la Carta Magna no pone los requisitos, agregarle estas exigencias lo hace inconstitucional.
Por la importancia del cargo, cuya designación se da justo en un momento político por los próximos comicios, la elección de la terna debería ser lo más transparente posible, y la exclusión de candidatos por estas cuestiones solo contribuye a sembrar más dudas sobre el tema.