Una vez más, a pesar de las muchas idas y vueltas con este mismo tema, un sector mayoritario de colorados y liberales de la Cámara de Diputados el miércoles decidieron aprobar la creación de una comisión especial para analizar y preparar otro proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución, de la pérdida de investidura. Es decir, siguen insistiendo con la posibilidad de tener un autoblindaje.
Esta vez, la propuesta apoyada por 51 legisladores contra 10 fue planteada por el colorado Derlis Maidana, quien es uno de los promotores junto a los liberales Rodrigo Blanco y Manuel Trinidad Colmán y el colorado Basilio Núñez. De este modo, también obtuvieron una nueva forma de dilatar el proceso de pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo, exigida por una permanente movilización de ciudadanos en lucha contra la corrupción.
La ley de autoblindaje, que había sido aprobada en el periodo anterior, surgió como un desesperado intento por detener la depuración de las cámaras del Congreso, luego de que la revelación de unas grabaciones de conversaciones telefónicas hayan expuesto varios casos de tráfico de influencias cometidos por legisladores, llevando a la pérdida de investidura del entonces senador colorado Óscar González Daher y a la renuncia forzada del senador oviedista Jorge Oviedo Matto. Ante esa situación, los legisladores aprobaron una ley que reglamentaba el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, aumentando de 41 a 53 los votos necesarios para remover a un legislador en Diputados y de 23 a 30 en el Senado, lo cual fue inconstitucional y provocó una fuerte ola de indignación ciudadana.
Tras las fuertes críticas y la remoción forzada vía renuncia o pérdida de investidura de tres legisladores, la llamada ley de autoblindaje fue finalmente derogada en agosto último, pero ahora, de nuevo, ante la posibilidad de que varios otros diputados y senadores procesados por hechos de corrupción e involucrados en casos de tráfico de influencias también puedan ser expulsados, han decidido conformar una comisión especial que analice y prepare otro proyecto de ley que reglamente el artículo 201.
A todas luces, se trata de dilatar el tratamiento de los reclamos ciudadanos que exigen que siga la depuración del Congreso, expulsando a otros legisladores salpicados por la corrupción. Es otra maniobra corporativa de los congresistas, buscando proteger a sus pares acusados de delitos y de ampararlos bajo el manto de la impunidad. Habrá que ver hasta dónde los ciudadanos que los han votado van a permitir que los sigan defraudando de una manera tan evidente.