El senador (PLRA) se encuentra en el ojo de la tormenta y se convirtió en el blanco del pedido de presentado ante la Cámara de Senadores.
Esther Roa, presidenta de la Comisión Escrache Ciudadano, fue la encargada de entregar la nota este miércoles, minutos antes de las 10.00. El documento alega que el legislador usó su influencia para beneficiar una “empresa amiga” con contratos públicos.
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“Su conducta es grave, y no es la primera vez que está involucrado en una denuncia. Yo creo que la coyuntura política propicia el tratamiento de la pérdida de su investidura”, subrayó Roa en contacto con Última Hora.
Amarilla fue salpicado en el caso de supuesto intento de soborno a un periodista de ABC Color, quien investigó el escándalo de la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS).
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Con el pago de G. 40 millones, aparentemente, buscaron frenar una serie de publicaciones que afectarían la contratación de la firma SST Security, propiedad del empresario Óscar Chamorro, hijo del ex diputado colorado José Chamorro.
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En 2016, publicó que la cuestionada empresa tenía un sinfín de denuncias, supuestamente, por no pagar a sus empleados o intentar hacerles firmar cheques en blanco.
A raíz del escándalo revelado este martes, el presidente Mario Abdo Benítez ordenó la suspensión de la licitación de servicio de seguridad de la previsional.
Las fiscalas Josefina Aghemo y Sussy Riquelme encabezan la investigación fiscal. Mientras que el senador liberal anunció que accionará en contra del periodista.
Amarilla cuenta con varias denuncias en su contra, entre ellas por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Según el escrito, Amarilla consiguió un nivel económico que no condice con los salarios recibidos siendo funcionario público, ya que es el único sector donde trabajó.
Viviendas, quintas, vehículos último modelo forman parte del patrimonio del legislador que, justamente, fue el candidato que más gastó en su campaña publicitaria en las internas partidarias del PLRA.
Según publicaciones de Última Hora, el legislador del PLRA tiene a más de una decena de personas, entre familiares y operadores políticos, con cargos claves dentro de la Contraloría General de la República.
En octubre de 2018, el Ministerio Público abrió una causa penal contra el senador Dionisio Amarilla por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso. La fiscala Sonia Mora fue designada para la investigación.